Vuelven los ERTEs y la prohibición de despidos al hilo de la crisis de Irán

Díaz explicó que “no habrá que aprobar nada nuevo” porque el Gobierno cuenta con instrumentos “a disposición inmediata”, diseñados a partir de experiencias anteriores durante crisis como la pandemia o la guerra en Ucrania. Según avanzó, tanto los sindicatos como la patronal ya han recibido un documento con el conjunto de medidas previstas, que pretenden proteger el empleo y sostener a las empresas en caso de que la situación económica se complique.

La vicepresidenta envió además un mensaje de calma a las empresas y a los trabajadores, garantizando que el Gobierno está “preparado para actuar con rapidez” si el escenario lo requiere. Recordó que Galicia, con un importante peso industrial y agroalimentario, podría verse especialmente afectada por los costes energéticos, ya que buena parte de sus fábricas dependen del precio del gas y de la electricidad.

Entre los sectores con mayor vulnerabilidad, Díaz citó las industrias electrointensivas —como la química, el acero, la metalurgia o la farmacéutica— y el sector agrícola, debido al incremento del precio de los fertilizantes y del transporte. 

Riesgo de pérdida de poder adquisitivo

El Ministerio de Trabajo sigue muy de cerca la evolución del precio del petróleo y del gas, que han repuntado en los últimos días. Según advirtió Díaz, la principal consecuencia económica podría traducirse en un aumento de los costes energéticos y en una reducción del poder adquisitivo de los hogares. En este sentido, el Ejecutivo pretende actuar “sobre el impacto directo que genera la pérdida del poder de compra”, especialmente entre los trabajadores de rentas más bajas.

La ministra subrayó que el Gobierno central apuesta por medidas que preserven “la estabilidad social y laboral” y que eviten que la crisis internacional se traduzca en despidos o destrucción de empleo. El recuerdo de la pandemia, insistió, demostró que los mecanismos de protección como los ERTE “funcionan y salvan puestos de trabajo”.

Los sindicatos gallegos CCOO y UGT han reclamado en los últimos días reforzar la coordinación con las empresas del norte para prevenir cierres temporales en sectores productivos claves, mientras que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha pedido “claridad y agilidad” en la activación de las ayudas si llegan a aplicarse. Desde el Gobierno autonómico, la Xunta no se ha pronunciado todavía sobre el posible impacto de estas medidas en la economía gallega.

Críticas a Feijóo y a la Comisión Europea

En su intervención, Díaz también reprochó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su falta de apoyo a las iniciativas sociales del Gobierno, y le instó a respaldar las medidas si finalmente se aplican para mitigar el impacto del conflicto. “Nos gustaría que las apoyaran, porque están pensadas para proteger a la gente”, señaló la vicepresidenta, recordando que el PP “ha votado en contra” en ocasiones anteriores, como en la revalorización de las pensiones.

Además, la titular de Trabajo respondió a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la situación en Irán, y reclamó que la Unión Europea defienda con claridad el derecho internacional. A su juicio, la guerra en Oriente Próximo “es ilegal y vulnera la Carta de Naciones Unidas”, por lo que pidió a Bruselas “dar un paso adelante en defensa de la legalidad y los derechos humanos”.

La vicepresidenta alertó de que la falta de una posición firme por parte de Europa podría alimentar el auge de la extrema derecha y el escepticismo hacia el proyecto común. En este contexto, instó a fortalecer la solidaridad interna y el compromiso con un modelo de desarrollo justo y multilateral, especialmente en un momento de creciente inestabilidad internacional.

¿Cómo funcionó el mecanismo de los ERTS y la prohibición de despidos durante la pandemia?

Los ERTE Covid permitían a las empresas suspender temporalmente contratos o reducir jornadas, en lugar de despedir a la plantilla, cuando sufrían una caída fuerte de actividad por las restricciones sanitarias. Durante ese tiempo, las personas afectadas cobraban una prestación por desempleo especial, aunque no hubieran cotizado lo suficiente, con “contador a cero” para no gastar su paro futuro. 

Había dos grandes tipos: los ERTE de fuerza mayor Covid (por cierres o limitaciones impuestos por el estado de alarma) y los ERTE ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción ligadas a la pandemia). En ambos casos, el Estado asumía una parte importante de la prestación y se aplicaban exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social a las empresas, más altas para pymes, a cambio de compromisos de mantenimiento del empleo.murcia.

Compromiso de mantenimiento del empleo y “prohibición de despidos”

La llamada “prohibición de despidos” tuvo dos patas: una cláusula general y obligaciones específicas ligadas a los ERTE. Por un lado, el Gobierno estableció que no se podían justificar despidos objetivos alegando causas relacionadas con la Covid (caída de actividad, restricciones, etc.), empujando así a usar el ERTE y no el despido.

Por otro lado, las empresas que se acogían a ERTE con exoneraciones quedaban sujetas a un compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses desde la reanudación de la actividad. Si incumplían y despedían, debían devolver todas las exoneraciones de cuotas disfrutadas, con recargos, lo que hacía muy costoso romper ese compromiso.

Efectos prácticos durante la pandemia

En la práctica, millones de trabajadores pasaron a estar “en ERTE” en lugar de engrosar las listas de paro, cobrando prestación mientras seguían vinculados a su empresa. Los expedientes podían ir cambiando según la situación sanitaria: se crearon figuras como los ERTE de impedimento (actividad totalmente cerrada) y de limitación (actividad restringida), con trámites simplificados para pasar de uno a otro sin iniciar un expediente nuevo.lamoncloa.

Estudios posteriores de la OCDE concluyen que los ERTE fueron altamente eficaces para preservar el empleo y que el coste público se compensó en gran medida por menor gasto en paro y mayores ingresos fiscales, al evitar despidos masivos.