Los decretos anticrisis entrarán en vigor este domingo con rebajas en el IVA energético y congelación de alquileres

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado los dos reales decretos-ley aprobados por el Gobierno el viernes como consecuencia de la guerra en Irán: uno con las medidas económicas generales y otro específico para la congelación de los alquileres durante dos años. El primero contiene 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros para beneficiar a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas. El segundo establece una congelación temporal de los precios del alquiler de viviendas. Ambas normas entrarán en vigor este domingo y deberán someterse a convalidación parlamentaria el próximo jueves 26 de marzo.

El arranque del Consejo de Ministros extraordinario del viernes no estuvo exento de tensión. La reunión comenzó con dos horas de retraso debido a discrepancias entre los socios de la coalición sobre vivienda. Sumar exigía la inclusión de la congelación de alquileres en el decreto anticrisis, algo inicialmente rechazado por el PSOE. Finalmente, PSOE y Sumar acordaron dividir el paquete en dos decretos diferenciados. El jefe del Ejecutivo reconoció que no existe aún mayoría parlamentaria para convalidar la segunda norma, "pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional". 

La incertidumbre sobre la duración del conflicto planea sobre toda la arquitectura del plan. El presidente explicó que el plan incluye dos grandes ejes: un primero coyuntural para proteger a los hogares y sectores económicos más expuestos, y un segundo de naturaleza estructural, con medidas orientadas a impulsar la soberanía energética. El Ministerio de Hacienda ha confirmado que la vigencia de las medidas se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. 

LAS MEDIDAS QUE AFECTAN AL BOLSILLO GALLEGO

Uno de los decretos contempla la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, la luz y el gas, pasando así desde el 21%. Para sectores productivos con especial peso en Galicia, como la pesca, la agricultura y el transporte, se recupera la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible, que abonará la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra. Además, se bonificarán al 80% los peajes eléctricos para las industrias más afectadas por el choque energético, con el objetivo de ahorrar costes y proteger empleos.

El decreto recoge también la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE, del 7%), la reducción del impuesto especial sobre la electricidad hasta el mínimo europeo del 0,5%, la congelación del precio del butano y el propano, y la prohibición a las empresas de realizar despidos por causas objetivas derivadas de la crisis. Durante tres meses, los operadores con refino en España deberán remitir semanalmente datos sobre sus costes de adquisición y precios de venta, y la CNMC elaborará un estudio sobre el mercado de distribución de carburantes, una medida concebida para impedir que las rebajas fiscales engrosen los márgenes de las petroleras en lugar de repercutir en el consumidor.

En cuanto a los alquileres, el segundo decreto contempla la prórroga automática de hasta dos años para los contratos que venzan en 2026 y 2027. Desde Sumar cifran en más de un millón los contratos afectados, que alcanzarían a 2,7 millones de personas. Sin embargo, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme rechazaron "firmemente" estas medidas, calificándolas de injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y fuente de inseguridad jurídica. 

LAS VOCES DE GALICIA

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, defendió con rotundidad los dos decretos. En declaraciones realizadas en Coles, donde acudió a la toma de posesión como alcaldesa de Susana Rodríguez tras casi dos décadas de gobierno socialista encabezado por Manuel Rodríguez, Besteiro calificó el paquete de escudo social y económico sin precedentes y subrayó que se trata de una respuesta a lo que consideró una guerra ilegal desde el primer momento. El socialista reprochó al PP y a Vox haber alentado la escalada militar y no estar a la altura de las circunstancias ahora que toca proteger a las familias y a las empresas.

El BNG, por su parte, adoptó una postura más crítica. Los nacionalistas gallegos consideran las medidas "claramente insuficientes" pero se reservan el sentido de su voto hasta analizar el texto completo de los dos decretos. Entre las carencias que señala el Bloque figuran la ausencia de una rebaja del IVA a la cesta básica de la compra, la no restauración de los impuestos a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas, y la falta de medidas para topar hipotecas o prohibir desahucios. La posición definitiva del BNG en la votación del Congreso del jueves sigue, por tanto, sin concretarse.

El PP gallego, representado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tampoco ha aclarado si apoyará o no los decretos en la Cámara. Rueda compartió el rechazo a la guerra, pero criticó que el presidente del Gobierno dirija la política exterior a su conveniencia personal. El PP ha trasladado al Gobierno que solo votará a favor del decreto si se incorporan todas sus propuestas, sin concretar cuáles. A nivel estatal, Junts ha valorado positivamente las rebajas fiscales incluidas en el primer decreto y se ha abierto a apoyarlas, mientras que el decreto de alquileres sigue siendo el más incierto en cuanto a su convalidación.

GALICIA, ENTRE EL MAR Y LA CRISIS ENERGÉTICA

El contexto gallego hace especialmente relevante este paquete. Los sectores primarios que articulan buena parte de la economía de las rías y del interior —pesca, marisqueo, ganadería, transporte— son precisamente los que más sufren el encarecimiento del gasóleo y la energía. Desde el inicio de la guerra, los mercados energéticos han registrado tensiones significativas con subidas del petróleo y del gas, y episodios de disrupción en el transporte marítimo, especialmente en el Estrecho de Ormuz, por donde transita en torno al 20% del petróleo y el gas global. 

La Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que la guerra en Irán supone "la mayor crisis de seguridad energética de la historia". En ese escenario, la bonificación al gasóleo profesional y las rebajas fiscales en la electricidad llegan directamente al tejido productivo de una comunidad altamente dependiente del sector primario y de la industria electrointensiva. Los sindicatos CCOO y UGT respaldaron el plan, aunque pidieron un mayor control de precios. Lo que ocurra en el Congreso el próximo jueves determinará si estas medidas se consolidan o se frustran. De momento, el BOE las ha convertido en ley desde este domingo.