El Gobierno vigilará que la rebaja del carburante no engorde los márgenes de las petroleras

Los dos reales decretos-ley aprobados en el Consejo de Ministros extraordinario del viernes ya están en vigor desde este domingo tras su publicación en el BOE.  La medida central del paquete, la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10%, llega en un momento de fuerte tensión internacional y con los precios del diésel rozando los dos euros por litro en muchas gasolineras españolas. Para Galicia, cuya economía descansa en gran medida sobre sectores de alto consumo energético, las consecuencias de esta escalada no son abstractas: las afectan de lleno y cada céntimo cuenta.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido contundente este domingo al advertir que la reducción fiscal debe trasladarse al bolsillo del consumidor y no convertirse en un aumento de los beneficios empresariales. "Lo que queremos es que esta bajada de impuestos se traslade a precio, no a márgenes", subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press, añadiendo que el Ejecutivo garantiza a la ciudadanía que se vigilará cualquier posibilidad de aprovecharse de la situación. Cuerpo calcula que la reducción podría alcanzar entre 25 y 30 céntimos por litro, lo que se traduciría en un ahorro de entre 20 y 30 euros en un depósito normal de un vehículo utilitario. 

Para blindar ese objetivo, durante tres meses los operadores con refino en España deberán remitir semanalmente datos sobre sus costes de adquisición y precios de venta, y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia elaborará un estudio sobre el mercado de distribución de carburantes. La OCU, sin embargo, ha advertido de que la medida es positiva pero insuficiente: la bajada de impuestos llega, pero no compensa el ritmo al que han subido los precios.

UN RESPIRO PARA LA PESCA, EL CAMPO Y EL TRANSPORTE GALLEGO

El contexto gallego hace especialmente relevante este paquete. Los sectores primarios que articulan buena parte de la economía de las rías y del interior —pesca, marisqueo, ganadería, transporte— son precisamente los que más sufren el encarecimiento del gasóleo y la energía. Más allá de la rebaja general del IVA, que beneficia a cualquier conductor, el decreto reserva una ayuda específica para quienes más dependen del combustible en su trabajo diario: los profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores tendrán un descuento adicional de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos hasta el 30 de junio. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido a toda la cadena alimentaria que "dentro de su rentabilidad, intente ajustar costes" para no repercutir en los precios que paga el ciudadano. Planas encuadra el paquete de 877 millones de euros destinado al sector agroalimentario y pesquero como una respuesta doble: amortiguar el sobrecoste energético en el primer eslabón de la cadena y, al mismo tiempo, contener los precios de los alimentos. Además, el Gobierno ha ampliado en 300 millones la línea de créditos ICO-MAPA-Saeca para facilitar el acceso a financiación del sector agroalimentario y pesquero.

Planas también abordó el riesgo que supone para España el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo y el gas mundiales. Reconoció que la dependencia europea en fertilizantes —fabricados con gas natural— es una vulnerabilidad real, y apuntó que el horizonte a largo plazo pasa por "depender menos de los productos químicos". El ministro aspira además a liderar la FAO en las elecciones previstas para el verano de 2027.

LAS DUDAS SOBRE SI EL AHORRO LLEGARÁ AL SURTIDOR

No faltan las voces críticas. Los transportistas, que notarán cierto alivio, consideran que las ayudas no son lo suficientemente contundentes y que no impedirán que los sobrecostes se trasladen a los productos finales. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿llegará el ahorro fiscal al precio del surtidor o se quedará en los márgenes de las grandes petroleras? Quien fija los precios en la gasolinera son las petroleras, y estas podrían absorber la rebaja repercutiéndola solo en parte en el precio final.

En Galicia, el PSdeG defiende las medidas como un escudo sin precedentes; el BNG las considera insuficientes y el PP no se ha pronunciado sobre su apoyo. En el ámbito nacional, los socios de izquierda —Sumar, ERC, BNG y Podemos— exigieron que el decreto incluyera medidas en materia de vivienda como la prórroga de los alquileres, logrando finalmente que se aprobase un segundo decreto que contempla esa prórroga automática para contratos que venzan en 2026 y 2027. El Congreso tiene 30 días para convalidar ambas normas; si los diputados votan en contra, las medidas quedarían sin efecto. 

En el plano energético más amplio, el ministro Cuerpo descartó cualquier giro hacia la energía nuclear y reafirmó la apuesta por las renovables —sol, viento y agua—. Según el ministro, estas fuentes proporcionan un colchón frente al impacto de los combustibles fósiles, ofreciendo además una ventaja competitiva frente al resto de Europa. Galicia, con su potencial eólico e hidráulico, tiene mucho que decir en esa transición.

VIGENCIA TEMPORAL Y CLÁUSULA DE SALIDA

Las medidas no son indefinidas. Las rebajas fiscales estarán vigentes como máximo hasta el 30 de junio y podrán desactivarse incluso antes si los precios energéticos no superan en un 15% los registrados en abril del año pasado. El Gobierno tomará como referencia el IPC de abril de este año para decidir si mantiene o retira el escudo.

Cuerpo destacó también que la volatilidad de los mercados en estos momentos es "enorme" y que el Gobierno se centra en los precios porque su impacto se reflejará directamente en los datos de inflación de marzo y abril. En ese sentido, el Ejecutivo defiende que España está mejor posicionada que otros países europeos gracias al mayor peso de las energías renovables en su mix eléctrico, lo que ha evitado que la escalada del gas se traslade a la factura de la luz con la misma intensidad que en otros países del continente.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, Cuerpo aseguró que el canal de comunicación con la Administración Trump se mantiene activo pese a las amenazas de aranceles, y subrayó que el Gobierno trabaja para ayudar a las empresas españolas a adaptarse al nuevo marco comercial. "El mercado americano es insustituible para nuestras empresas", señaló.