Transportistas gallegos ven "decepcionante" y "perjudicial" el decreto anticrisis

El conflicto bélico en Oriente Próximo sigue dejando su huella en la economía gallega. Tres semanas después del estallido de la guerra, el precio del gasóleo ha escalado más de un 30% y el sector del transporte por carretera aguarda un alivio que, según sus propias organizaciones, el Gobierno ha sido incapaz de ofrecer. El Real Decreto-Ley 7/2026, aprobado el viernes 20 de marzo en un Consejo de Ministros extraordinario y publicado el sábado en el BOE, entró en vigor este domingo 22 de marzo. 

Vieiros Unidade Galega de Transportistas ha trasladado públicamente su malestar con el contenido de la norma, calificándola de "decepcionante y en cierta medida perjudicial". La postura gallega se alinea con la de las grandes federaciones estatales del sector. Fenadismer y la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) también han valorado negativamente el decreto-ley, calificando las disposiciones como "insatisfactorias y perjudiciales" y advirtiendo de posibles movilizaciones nacionales si no se revisan antes de que termine marzo.

El malestar no es menor en términos económicos. La federación estima que el sector ha acumulado un sobrecoste cercano a los 250 millones de euros durante las tres semanas que ha durado el conflicto en Oriente Medio, debido a la subida del gasóleo. Una sangría que, a juicio de los transportistas gallegos, el decreto apenas roza.

El IVA, una rebaja que no llega a las empresas

El núcleo del paquete anticrisis en materia de carburantes es la rebaja fiscal. El Real Decreto-Ley recoge la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10%, junto con una bajada del Impuesto sobre Hidrocarburos al mínimo permitido por la normativa europea, lo que según el Gobierno se traduce en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro para el ciudadano. Pedro Sánchez presentó esta medida como la columna vertebral del plan de respuesta, cifrado en más de 5.000 millones de euros.

Sin embargo, los transportistas gallegos recuerdan que esa rebaja del IVA, aplaudida por los automovilistas, no supone lo mismo para una empresa. El IVA es un impuesto neutro para las compañías de transporte, que pueden deducírselo, de modo que la reducción no implica un ahorro real más allá de no tener que adelantar ese dinero a Hacienda. Lo que preocupa especialmente a Vieiros es el impacto sobre el denominado gasóleo profesional: la reducción de 4,9 céntimos por litro en el Impuesto de Hidrocarburos elimina en la práctica el margen que existía para ese tipo de combustible, al menos hasta el 30 de junio.

A eso se suma otro problema técnico con consecuencias muy directas para la actividad diaria. La cláusula de indexación del combustible, un mecanismo que permite a los transportistas repercutir a sus clientes las subidas del precio del diésel, queda, según la asociación gallega, "totalmente desvirtuada". Al bajar el precio de referencia del diésel en las gasolineras, los transportistas verán reducida su capacidad de trasladar los sobrecostes reales, lo que les aboca a absorber pérdidas en sus propias cuentas. Vieiros había pedido expresamente al Ejecutivo que incrementase en diez puntos porcentuales el índice de esa cláusula, una petición que el decreto ignora por completo.

Ayudas inferiores a las de la guerra de Ucrania

Las cuantías concretas tampoco convencen al sector gallego. La norma aprueba una bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo para los transportistas con vehículos con derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, vigente hasta el 30 de junio de 2026. Para los vehículos de menor tonelaje, entre 3,5 y 7,5 toneladas, la ayuda directa asciende a 665 euros, mientras que los más ligeros recibirán 450 euros.

El problema, según Vieiros, es la comparación histórica. Esas cuantías son inferiores a las que se habilitaron durante la crisis del gasóleo provocada por la guerra de Ucrania en 2022 y 2023, cuando la bonificación también fue de 20 céntimos por litro a pesar de que el precio del gasóleo era entonces unos 20 céntimos más barato que en la actualidad. Es decir, con un combustible más caro, la ayuda es la misma o menor. Mientras los vehículos particulares verán compensado casi el 100% del impacto por el aumento de la gasolina, los transportistas solo recibirán ayudas que cubren menos del 50% del sobrecoste real. 

A todo ello se añade una condición que el sector interpreta como un obstáculo adicional: las empresas que quieran mantener las ayudas no podrán realizar despidos entre el 22 de marzo y el 30 de junio. Vieiros no cuestiona la protección laboral en sí, pero advierte que esta exigencia complica la gestión empresarial en un contexto ya de por sí muy frágil.

Ultimátum al Ejecutivo

Ante este escenario, la posición de los transportistas gallegos es clara. Si el Gobierno central no rectifica las medidas antes de que acabe este mes de marzo, el sector tiene previsto iniciar una paralización de la actividad y lanzar movilizaciones a escala estatal. Desde Fenadismer se remarcó que el sector no puede aceptar un decreto que, en la práctica, le deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación. 

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha respondido de forma específica a las críticas del sector transportista más allá de defender globalmente su paquete anticrisis. Sánchez advirtió que el presupuesto destinado al plan no está cerrado y que si se necesita más inversión se pondrá, porque las situaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias. La Xunta de Galicia no se ha pronunciado hasta el momento sobre la situación específica del transporte gallego ante esta crisis.