Empresario exclavizó a un inmigrante sin papeles durante meses en Lugo

La Policía Nacional de Lugo ha arrestado a un hombre como presunto autor de tres delitos: contra los derechos de los trabajadores, amenazas y detención ilegal. La víctima, un ciudadano extranjero sin permiso de residencia, había aceptado trabajar para él sin contrato a cambio de alojamiento, comida y un salario en metálico. Lo que encontró fue una habitación sin ventanas en una casa casi derruida, con humedades y goteras, y ocho meses de jornadas de hasta quince horas diarias por las que cobró, en total, apenas 2.000 euros.

El caso recuerda a otros registrados recientemente en la comunidad gallega, donde en los últimos meses se han producido varias detenciones por explotación de inmigrantes en situación irregular. La vulnerabilidad administrativa de las víctimas se convierte, una y otra vez, en la palanca que los explotadores utilizan para imponer condiciones de trabajo que rozan la esclavitud.

El detenido nunca llegó a cumplir lo prometido. Según fuentes policiales, la víctima aceptó trabajar porque no tenía alternativas: sin papeles y sin recursos, la oferta de techo, comida y paga parecía una salida. Pero las condiciones reales distaronsustancialmente de lo acordado. La vivienda era prácticamente inhabitable, la alimentación se limitaba a comida precocinada y las horas de trabajo se multiplicaban hasta consumir prácticamente toda la jornada de luz, de sol a sol.

La situación se prolongó durante ocho meses. En ese tiempo, el trabajador denunció ante la Policía Nacional que sufrió episodios de amenazas, coacciones y agresiones físicas a manos de quien decía ser su empleador. En algún momento intentó marcharse, pero el detenido lo localizó y lo obligó a volver bajo presión y miedo. No fue hasta una segunda huida, cuando el hombre logró llegar a pie hasta la ciudad de Lugo, que la situación llegó a conocimiento de las autoridades.

Una vez en la ciudad, el trabajador se presentó directamente en sede judicial para relatar lo sucedido. Los agentes lo asistieron, fue trasladado a un centro médico —donde se certificaron lesiones compatibles con su testimonio— y se puso en contacto con los servicios sociales para garantizarle atención. La investigación derivó en la detención del presunto explotador, que fue puesto a disposición judicial.

El detenido no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos. Tampoco lo ha hecho ningún representante legal en su nombre.

Un patrón que se repite en Galicia

Este caso no es el primero de este tipo en Galicia, ni siquiera en la provincia de Lugo. En enero de 2026, la Policía Nacional detuvo en Lugo a un empresario del sector del transporte como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, tras la denuncia de un ciudadano extranjero que aseguró haber llegado a España con la promesa de un empleo legal. 

Aquel trabajador cobraba un salario muy inferior al pactado y se encontraba en una situación de precariedad tanto personal como laboral. El investigado habría eludido deliberadamente su compromiso de legalizar la situación del empleado para poder seguir aprovechándose de su condición irregular. 

Solo unos días antes del caso de Lugo ahora conocido, la Policía Nacional detuvo a tres mujeres en O Barco de Valdeorras por explotar laboralmente a inmigrantes en situación irregular que trabajaban como cuidadoras internas. Las víctimas solo tenían dos días libres al mes y si necesitaban más descanso debían pagarlo de su propio bolsillo.  La investigación se había iniciado en diciembre de 2025 y en el momento de las detenciones se habían identificado al menos siete víctimas.

Y apenas esta semana, la Policía Nacional detuvo en Ferrol a dos empresarios del sector hortofrutícola que sometían a empleados extranjeros a jornadas de más de doce horas en condiciones precarias, aprovechando su situación administrativa irregular. Durante la inspección se localizaron siete trabajadores en condiciones deplorables dentro de una nave industrial. 

La irregularidad hace vulnerables a los inmigrantes

El perfil de las víctimas en todos estos casos comparte rasgos comunes: personas extranjeras en situación irregular, que aceptan empleos sin contrato porque no tienen alternativas legales y temen denunciar por miedo a ser expulsadas. Según la normativa vigente, contratar a un trabajador extranjero sin autorización de residencia y trabajo constituye una infracción grave y puede acarrear multas de entre 10.001 y 100.000 euros por cada persona afectada. Si además concurren condiciones laborales abusivas, puede tipificarse como delito contra los derechos de los trabajadores con penas de hasta seis años de prisión. 

En el caso de Lugo, la víctima trabajó quince horas diarias durante ocho meses por una cantidad total que no llega a los 250 euros mensuales. Cuando trató de escapar, fue capturado y devuelto por la fuerza a su puesto. Cuando lo logró por segunda vez, tardó tiempo en atreverse a poner una denuncia. La Policía Nacional recuerda que existe una línea de atención confidencial —900 105 090— para denunciar situaciones de explotación laboral y trata de personas, y que la llamada no queda reflejada en la factura telefónica.