#Claves de la semana

Más de 168.000 firmas piden incluir a los caballos en la Ley de Bienestar Animal tras el maltrato de A Estrada

FFW ha denunciado desde 2021 más de 200 casos de caballos con cadenas, cepos o cuerdas en sus patas, situaciones que les provocan heridas abiertas, amputaciones e incluso la muerte


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Caballos cabalos isla de salvara roteiros galegos
Archivo - Caballos en la isla de Salvara

La Fundación Franz Weber planteó esta semana la adopción de medidas normativas para mejorar la protección de los caballos en Galicia, despuésd de la denuncia sobre animales tiroteados en los montes de A Estrada.

 

Han recogido, a través de Change.org, más de 168.000 firmas para que la actual Ley de Bienestar Animal incluya a los équidos "para reforzar la protección de los mismos ante sucesos de maltratato". El autor se enfrentaría a sanciones de hasta 30.000 euros y posibles inhabilitaciones de hasta 5 años.

 

En el caso del uso de armas de fuego, FFW urge a la Xunta de Galicia a "plantear la comunicación previa obligatoria de cualquier batida que se pueda realizar en el marco de la Orden de Vedas que autoriza el Ejecutivo cada año", para así poder "garantizar la seguridad ciudadana y de los animales en régimen de semilibertad".

 

Recuerdan también que desde el 2021 han denunciado más de 200 casos de caballos con cadenas, cepos o cuerdas en sus patas, situaciones que les provocan heridas abiertas, amputaciones e incluso la muerte.

 

Han apuntado además que esta situación su suma a las quejas de algunos ganaderos, que contabilizan en casi medio centenar los caballos atacados con armas blancas o tiroteados durante la última década.
 

REFORMA "REGRESIVA" DEL CÓDIGO PENAL

Por otra parte, han tachado "regresiva" la última reforma del Código Penal con cambios como la posibilidad de que un condenado por maltrato hacia los animales sustituya la condena de prisión por una sanción económica.

"Tal y como está planteado ahora el texto acabará generando mayor sensación de impunidad, ya que los condenados solo se enfrentarían a multas e incluso no tendrían que satisfacerlas si se declaran insolventes", argumentan desde la ONG.

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