Nuevo ataque a un funcionario de prisiones con una agresión con arma blanca en la cárcel de Monterroso
Desde CSIF denuncian la indefensión de este colectivo en un contexto de escalada de este tipo de agresiones.
Un interno del Centro Penitenciario de Monterroso (Lugo) intentó agredir con un arma blanca a un funcionario el pasado sábado por la tarde en un incidente que puso en jaque la seguridad del módulo y que ha vuelto a encender las alarmas sobre las condiciones laborales en este establecimiento penitenciario gallego. El hecho ha sido denunciado públicamente este lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que lo califica de grave y advierte de que podría ser el preludio de episodios aún más serios.
Según el relato sindical, el recluso no actuó de forma impulsiva, sino que preparó la situación de manera deliberada. Primero increpó al trabajador que se encontraba en el módulo con la intención de provocar su intervención y, a continuación, se autolesionó con una cuchilla, forzando así una respuesta de emergencia. La estratagema generó una alteración del orden en la que se vieron envueltos prácticamente todos los internos del módulo, más de treinta personas, a excepción de apenas cuatro o cinco. El funcionario, que horas antes había llamado la atención al agresor durante el tiempo de patio, solicitó refuerzos de inmediato y logró evitar el contacto directo hasta que una docena de colegas acudió al lugar y consiguió reducir al recluso.
El interno terminó siendo trasladado a las dependencias sanitarias de la prisión con múltiples cortes en brazos y abdomen que requirieron alrededor de medio centenar de grapas, y fue enviado a aislamiento junto a otros dos reclusos que secundaron el altercado. Pese a que no hubo que lamentar heridos físicos de consideración entre los trabajadores, uno de los funcionarios que participó en la intervención causó baja laboral como consecuencia del impacto del incidente.
UN SUCESO EXTRAÑO
Lo que hace especialmente llamativo este episodio es la trayectoria del protagonista: según fuentes próximas a los hechos recogidas por El Progreso, se trata de un joven al que le quedan pocos meses para quedar en libertad y que nunca antes había protagonizado conflictos en el centro. Su traslado a otro establecimiento penitenciario ya está solicitado, y es previsible que se le aplique una regresión a primer grado.
CSIF, sin embargo, insiste en que el problema de fondo va más allá de este caso concreto. El sindicato lleva meses alertando a la Dirección del centro, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre el incremento de la tensión en Monterroso. A su juicio, la causa está en una política de traslados que estaría enviando a este establecimiento lucense internos con historiales penitenciarios complejos, muchos de ellos procedentes de otras comunidades autónomas y sin ningún vínculo familiar o territorial con Galicia, lo que dificulta su integración en el régimen del centro.
La organización sindical matiza, no obstante, que el problema no radica en el origen geográfico o cultural de los internos, sino en la inadecuación de sus perfiles al tipo de establecimiento. Monterroso está clasificado como centro de grupo C, diseñado para alojar población reclusa de baja conflictividad, y su régimen ordinario no está pensado para gestionar internos con trayectorias especialmente complejas.
FALTA DE REFUERZOS
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), cuyo delegado en Monterroso, Toño Regueira, también ha alzado la voz en los últimos meses, coincide en señalar la masificación como un factor agravante. El aumento de la población reclusa en el centro no ha venido acompañado de un incremento proporcional de la plantilla de trabajadores, lo que genera una sobrecarga estructural que, a juicio de ambos sindicatos, hace prácticamente inevitable que se produzcan situaciones de tensión.
Desde CSIF recuerdan además que este tipo de concentración de perfiles conflictivos no puede justificarse por las obras o reorganizaciones que se estén llevando a cabo en otros establecimientos penitenciarios del país. La organización reclama que los traslados respondan a criterios técnicos y de adecuación, no a la mera conveniencia logística de la administración.
Este incidente no es el primero de este tipo en Monterroso. En enero de 2024, un interno golpeó a un compañero y dejó noqueado a un funcionario con un puñetazo en la sien. En octubre de 2023, un preso con perfil conflictivo agredió a dos trabajadores. Y en agosto de ese mismo año, otro recluso lesionó a dos funcionarios, uno de ellos con una fractura de tabique nasal. En todos esos episodios, CSIF y APFP repitieron las mismas advertencias sobre la incompatibilidad entre los perfiles recibidos y la clasificación del centro.
PETICIÓN
Ante esta situación, CSIF exige a la Administración penitenciaria, dependiente del Ministerio del Interior, que ponga fin de forma inmediata a los traslados inadecuados, que adapte la población reclusa a la clasificación real del centro, que refuerce la plantilla de manera urgente y que lleve a cabo una evaluación seria de los riesgos psicosociales a los que están expuestos los trabajadores.
El Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se habían pronunciado públicamente sobre este incidente en el momento de publicar esta información. Galiciapress ha intentado obtener su versión sin éxito.
Para CSIF, la conclusión es clara: la seguridad de los profesionales que trabajan en las prisiones gallegas no puede seguir dependiendo de la capacidad de reacción individual de cada trabajador ni de una improvisación que, tarde o temprano, podría tener consecuencias irreparables.
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