Crecen las voces en la huelga de profesores del 28 de abril, con el Sindicato de Estudiantes apoyando los paros

El conflicto en la enseñanza pública gallega escala un peldaño más. El Sindicato de Estudiantes ha anunciado que se adhiere a la huelga educativa convocada para el próximo 28 de abril en Galicia, sumándose así a la convocatoria impulsada por CIG-Ensino, STEG y las Asembleas Abertas do Ensino Público. De esta forma, el paro proyecta ya una dimensión que trasciende al colectivo docente y afecta al conjunto de la comunidad educativa.

La jornada incluirá también una manifestación en Santiago de Compostela que partirá a las 12:00 horas desde la Alameda, con el objetivo de presionar a la Xunta para que se siente a negociar de forma real. Los convocantes han advertido de que, si la Consellería de Educación sigue sin dar respuesta, preparan nuevas jornadas de lucha más largas y movilizaciones descentralizadas por toda la comunidad a comienzos de mayo. 

El Sindicato de Estudiantes ha sido contundente en su diagnóstico. La organización ha cargado contra la Consellería, a la que acusa de encabezar una ofensiva contra la libertad de expresión en los institutos y de atacar el uso del gallego. Denuncia además aulas masificadas, centros en mal estado y una carencia estructural de materiales. Su llamamiento es explícito: ir a la huelga para frenar los recortes, los ataques a la escuela pública y lo que consideran una deriva privatizadora bajo el gobierno del PP en Galicia.

EDUCACIÓN ACUSA A BNG, UPG Y CIG

Frente a este frente creciente, el titular de Educación, Román Rodríguez, optó por la confrontación política. En declaraciones a los medios este miércoles durante un acto en Santiago de Compostela, el conselleiro encuadró la huelga dentro de lo que calificó como una estrategia deliberada de conflicto impulsada por un entramado de organizaciones nacionalistas de izquierda, en el que incluyó expresamente al BNG, a la UPG y a la CIG. Según Rodríguez, estas organizaciones estarían pintando una imagen distorsionada de Galicia, saltando de un sector a otro de forma sistemática.

El conselleiro defendió la existencia de un marco de negociación vigente desde octubre de 2023 y presumió de sus resultados: según su relato, se han preservado 500 escuelas unitarias y se han reducido progresivamente las ratios, situando en 20 el número de alumnos por aula en cuarto y quinto de infantil, por debajo del límite de 25 que fija la ley estatal. Rodríguez no se pronunció, sin embargo, sobre las demandas concretas incluidas en la convocatoria del 28 de abril.

Los sindicatos convocantes rechazan de plano esa lectura. La secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, denunció que el conselleiro ha optado por las maniobras desmovilizadoras en lugar de sentarse a negociar para mejorar la enseñanza público, y lo acusó de no escuchar la posición mayoritaria del profesorado gallego. Arroxo exigió a Rodríguez que se siente a negociar sin imponer lo que los sindicatos describen como "firmas de cheques en blanco". 

ENÉSIMA PROTESTA

El 28 de abril no será un episodio aislado, sino el capítulo más reciente de un conflicto que lleva abierto desde el inicio del curso. Desde septiembre de 2025, CIG-Ensino y STEG han protagonizado cinco jornadas de huelga en el primer trimestre: el 25 de septiembre, el 28 y 29 de octubre, y el 16 y 17 de diciembre, estas últimas acompañadas de manifestaciones en distintas ciudades gallegas. 

Las movilizaciones fueron también acompañadas de encierros de profesores en centros educativos de distintas comarcas, como expresión del descontento ante las condiciones de trabajo en la enseñanza pública.  La secretaria de Acción Sindical del STEG, Comba Campoy, lamentó que en ninguna de esas cinco convocatorias la Consellería hubiera activado siquiera el comité de huelga. 

Las reivindicaciones de los convocantes se articulan en torno a varios ejes estructurales: reducción de ratios en todas las etapas, mejora de la atención a la diversidad, actualización de los catálogos de los centros de infantil y primaria, y recuperación de los derechos laborales erosionados por años de recortes. 

Los sindicatos denuncian también la escasez de especialistas para el alumnado con necesidades específicas y una carga burocrática que consideran excesiva.