Tensión en Abadín: la plataforma StopBiogás denuncia la "pasividad" del alcalde ante el proyecto de la planta de biometano

La controversia por la posible instalación de una planta de biogás en el municipio lucense de Abadín ha subido de tono tras el último encuentro mantenido entre la plataforma vecinal StopBiogás Abadín y el alcalde, José María López Rancaño. La reunión, celebrada el pasado 30 de marzo, lejos de acercar posturas, ha servido para que los vecinos denuncien lo que consideran una "falta de transparencia" y de voluntad política por parte del consistorio.

El conflicto de las competencias urbanísticas

Durante el encuentro, uno de los puntos de mayor fricción fue la emisión del informe de compatibilidad urbanística, un documento esencial para que los promotores de la planta de biometano puedan iniciar su actividad. Ante las preguntas de la plataforma sobre cuándo se facilitó dicho informe, el alcalde alegó que, al carecer Abadín de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y regirse por las normas de la Xunta, el Ayuntamiento "no redactó ningún informe urbanístico".

Sin embargo, desde StopBiogás rebaten esta afirmación. Según el colectivo, la normativa vigente establece de forma clara el reparto de competencias. Así, el Ayuntamiento es el responsable de emitir el Informe de Compatibilidad Urbanística, la Licencia de Obras y la Licencia/Comunicación de Actividad. Por su parte, la Xunta de Galicia se encarga de la Autorización Ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental.

Siete vías para frenar el proyecto

La plataforma vecinal sostiene que el alcalde "no puede decir que no tiene herramientas" y le instan a dejar de "mentir al pueblo". En este sentido, han presentado un catálogo de siete medidas legales y administrativas que el Ayuntamiento de Abadín podría activar “si existiera voluntad política” de proteger el entorno.

De esta forma, el Ayuntamiento podría emitir valoraciones negativas por motivos medioambientales, contaminación de aguas o accesos inadecuados. También se pueden revocar informes previos si se detectan errores o cambios en el proyecto original.

El Ayuntamiento puede negarse a redactar una Declaración de Interés Público, necesaria para usos excepcionales en suelo rústico. También se pueden presentar alegaciones técnicas que presenten incompatibilidades dentro de los procedimientos ambientales.

También se puede frenar la concesión de permisos de obra durante un año (prorrogable a otro) mientras se tramitan cambios normativos, una medida ya aplicada en otros municipios de España. Otra medida sería alterar las normas subsidiarias para restringir este tipo de usos industriales en determinadas zonas.

Además, se pueden establecer límites de tonelaje en los caminos públicos que dificulten el tránsito de los camiones cisterna necesarios para la planta. "Cualquiera de estas medidas puede ser aplicada si usted así lo desea. No mienta al pueblo y luche por Abadín", sentencian desde la plataforma.

Un futuro incierto para el rural

El malestar en Abadín se suma a la oleada de protestas que recorre diversos puntos de Galicia ante la proliferación de proyectos de biogás. Los vecinos temen que la planta afecte negativamente a la calidad de vida, al valor de sus propiedades y al equilibrio medioambiental de la zona, una postura que choca con la aparente equidistancia del regidor, quien en la reunión llegó a afirmar que "si con los permisos se puede montar, yo no puedo decir que no".

Por el momento, la plataforma StopBiogás asegura que mantendrá la presión social y no descarta nuevas movilizaciones si el Ayuntamiento no asume un papel activo en la defensa del territorio frente a los intereses de los promotores energéticos.