Más cuidadores de personas intelectual advierten a la Xunta de situación límite, ahora FADEMGA

Las entidades gallegas de discapacidad intelectual, federadas en Fademga Plena inclusión Galicia, han iniciado una potente campaña bajo el lema 'A discapacidade intelectual en loita. Sen financiamento non hai futuro' para denunciar la situación límite que atraviesa el sector por la falta de actualización de los módulos económicos del concierto social y la ausencia de una respuesta política clara por parte de la Xunta de Galicia.

Con presencia en los municipios donde desarrollan su labor, la movilización ha sido respaldada por unanimidad en la Asamblea de entidades y surge tras meses de alerta sobre una asfixia financiera creciente.

La federación señala que la carga económica recae únicamente en las entidades, obligadas a asumir un incremento salarial del 10% derivado del XVI Convenio Colectivo, una inflación acumulada superior al 10,5% y una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 18,4%. Todo esto, según Fademga, se afronta con una propuesta de la Xunta que apenas contempla un aumento de los módulos económicos entre el 5,40% y el 7,88%, considerado insuficiente para garantizar la continuidad y calidad de los servicios esenciales y la estabilidad laboral del personal.

La situación ha sido calificada como “límite” no solo por Fademga, sino también por la Asociación Empresarial para a Discapacidade Intelectual e do Desenvolvemento de Galicia (AEDIGAL), la patronal del sector, que ha dado un paso sin precedentes en este conflicto. 

AEDIGAL denuncia un incumplimiento de los conciertos por parte de la Consellería de Política Social, al no actualizar los precios para cubrir los costes reales de los servicios que se consideran esenciales para miles de familias gallegas. Los empresarios han alertado de que las tarifas congeladas, junto con la escalada de costes, están abocando a la insolvencia a numerosas entidades y podrían forzar el cierre de centros en toda Galicia.

La patronal no se limita a la denuncia pública. Anuncia líneas de actuación drásticas, como la entrega simbólica de llaves de los centros a la administración autonómica y la asistencia técnica para aquellas entidades que se vean abocadas a un concurso de acreedores, poniendo en evidencia la posibilidad real de quiebra de parte del sector. AEDIGAL recalca que el problema ha dejado de ser una cuestión ideológica para convertirse en una crisis empresarial y social, que amenaza con dejar sin apoyos esenciales a una parte de la población especialmente vulnerable.

Por su parte, la Xunta de Galicia, a través del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, a preguntas de Galiciapress este lunes, ha reconocido la complejidad del momento y sostiene que “en todos los contratos en los que la Xunta ayuda a financiar siempre hay actualizaciones que se van haciendo en la medida de nuestras posibilidades”. Calvo asegura que la Consellería de Política Social intenta atender a las necesidades de las entidades y reconoce la labor que estas prestan en el territorio. Sin embargo, el conselleiro ha reclamado públicamente que el Gobierno central tiene una deuda de 2.500 millones de euros en materia de Ley de Dependencia con la Xunta, lo que, según su valoración, lastra la capacidad autonómica para responder a todas las demandas sociales del sector.

Pese a las promesas de intentar paliar la situación “en la medida de sus posibilidades”, la respuesta del ejecutivo gallego no satisface ni a la federación ni a la patronal. Desde Fademga insisten en que la Consellería de Política Social sigue sin convocar una mesa de negociación directa con el sector, a pesar de las peticiones formales cursadas desde hace semanas. Así, la federación y la patronal coinciden en señalar que la ausencia de interlocución agrava un conflicto que ya trasciende la mera discusión económica y afecta a la viabilidad del sistema de atención social a la discapacidad intelectual en Galicia.

En este contexto, el sector ha anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones progresivas, que contempla medidas reivindicativas de presión y actos públicos, además de la posibilidad de ceder la gestión de los centros a la Xunta ante la imposibilidad de mantener su apertura bajo las actuales condiciones financieras. Tanto la patronal como las entidades sociales reclaman “responsabilidad institucional” y piden un diálogo inmediato para buscar soluciones que eviten la desaparición de recursos esenciales, alertando de que la ruptura del sistema tendría un impacto devastador en la vida de miles de personas y familias gallegas.