Inés Rey denuncia "bloqueo ideológico" de la Xunta al intento de controlar los alquileres en A Coruña

El Partido Popular prometió en su día hacer todo lo posible porque no se aplique la Lei de Vivenda, aprobada por la mayoría de izquierdas en el Congreso. En Galicia, el primer intento de un municipio para que le le declaren zona tensionada bate contra la burocracia de la Xunta, gobernada por el PP.

La solicitud del Ayuntamiento de A Coruña para ser declarado zona de mercado residencial tensionado, una medida clave para regular los precios del alquiler, se ha topado con obstáculos administrativos por parte de la Xunta. Algo que hoy ha suscitado fuertes críticas de la alcaldesa, Inés Rey (PSOE), hacia la Xunta de Galicia.

"Voluntad de torpedear"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha sido contundente al acusar a la Xunta de "torpedear" la petición de la ciudad para ser declarada zona de mercado residencial tensionado. Rey sostiene que la Xunta no prioriza el problema de la vivienda en la ciudad y que existe una "voluntad inequívoca de torpedear cualquier medida de apoyo a la política de vivienda que se haga desde los ayuntamientos", especialmente aquellas promovidas por A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña solicitó formalmente a la Xunta de Galicia la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado con el objetivo de hacer frente a la escalada de precios del alquiler y la compra de vivienda, que dificulta el acceso para muchos coruñeses. La propuesta fue aprobada en la Junta de Gobierno Local tras constatar, mediante estudios técnicos encargados por el propio Ayuntamiento, que A Coruña cumple los dos criterios exigidos por la ley para esta declaración: el coste de la vivienda supera el 30% de la renta media de los hogares y los precios han crecido más de un 3% por encima del IPC en los últimos cinco años. Según los datos municipales, ambos requisitos se cumplen en la mitad de los distritos y en el 70% de las secciones censales de la ciudad.

Filtración de la Xunta

La Xunta, por su parte, filtró que ha solicitado al Ayuntamiento que complete la documentación presentada, señalando la existencia de "errores de bulto" y la necesidad de mayor concreción en la información remitida. Fuentes de la Consellería de Vivenda citadas por EP aseguran que no se rechaza el trámite, pero insisten en la importancia de subsanar las deficiencias encontradas para poder avanzar en el proceso.

Ante el requerimiento desde la Xunta, las fuentes consultadas han precisado que solo le han reclamado "información completa y más concreción". "Una vez envíen todo, seguimos con la tramitación", han señalado para precisar que no hay una denegación.

Según ha respondido hoy la alcaldesa socialista, al consistorio no ha llegado "oficialmente" ningún requerimiento, y ha criticado que se hayan enterado a través de la prensa, lo cual considera una falta de "lealtad institucional". Para Rey, la Xunta "no le preocupa" el tema de la vivienda, una cuestión que, ha recalcado, "debería estar al margen de las luchas partidistas".

¿Qué implica ser "zona tensionada"?

La figura legal de "zona de mercado residencial tensionada" se enmarca dentro de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de mayo de 2023, con entrada en vigor al día siguiente, salvo excepciones fiscales (Ley 12/2023). Esta ley busca garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente en áreas con desequilibrios en la oferta y demanda de vivienda, y ha generado debate por su impacto en el mercado inmobiliario, especialmente en el alquiler.

La declaración de una zona de mercado residencial tensionado implica la implementación de medidas para controlar los precios del alquiler, especialmente para grandes tenedores, y fomentar la construcción de vivienda social.

 El plan municipal contempla, además de la petición a la Xunta, la construcción de nuevas viviendas públicas, la cesión de suelo para vivienda protegida, ayudas a la rehabilitación y el desarrollo de nuevos polígonos residenciales, como el proyecto en Xuxán, donde se invertirán 10 millones de euros en 50 pisos municipales para alquiler social. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, ha subrayado que la declaración es fundamental para reducir los precios de la vivienda y garantizar el acceso universal. Además, ha puesto de relieve la escasez de vivienda pública en A Coruña, con solo 0,35 viviendas públicas por cada 100 habitantes, muy por debajo de la media española y europea.