Caso Desproi: la justicia cita a una de las ediles díscolas del PSOE de Santiago y a cargos de Unións y Fademur

El conocido como 'caso Desproi' avanza y, después de que la magistrada compostelana Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gallega, decidiese abrir diligencias a raíz de una denuncia presentada por el PP en abril de 2023, esta será una semana en la que más testigos pasen por sede judicial. Además, la concejala Mila Castro, una de las expulsadas del PSOE compostelano, está citada, también como testigo, para el 21 de mayo.

El caso tiene su origen en septiembre de 2021, cuando el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, bajo la dirección del entonces alcalde Xosé Sánchez Bugallo (ahora senador), firmó un contrato de alquiler de una nave industrial ubicada en el polígono de A Costa Vella. Esta nave fue destinada a alojar los departamentos municipales de Parques y Jardines y Medio Rural, con un costo estimado de aproximadamente 170.000 euros anuales. La empresa arrendadora era Desproi Promociones S.L., una compañía que, según investigaciones, tenía vínculos con José Manuel Pichel, concejal en ese momento y miembro de la junta de gobierno que aprobó el contrato.
 

El aAyuntamiento pide que Castro sea testigo, no investigada

Varias fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que la citación de Castro se produce a raíz de una petición de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que dirige la nacionalista Goretti Sanmartín. También está llamado a comparecer en el juzgado, igualmente en calidad de testigo, un técnico de parques y jardines.

Fuentes conocedoras del procedimiento judicial apuntan que la petición de los servicios jurídicos del Consistorio, personado en la causa, se formuló el 17 de marzo y que incluía, "en primer término", la propuesta de que a Castro se le citase en calidad de investigada, si bien finalmente pasará por el juzgado como testigo.
 

Cuando los servicios jurídicos municipales (que aún encabezaba Manuel C., quien dejó poco después la dirección de la Asesoría Jurídica) dieron el paso y formalizaron la petición de la comparecencia de Castro, el gobierno municipal ya había sacado adelante dos proyectos relevantes para el mandato de Sanmartín con el apoyo de los ediles socialistas: los presupuestos y la propuesta para urbanizar la parcela del Peleteiro.

El 'caso Desproi' pone en el foco la gestión local bajo el mandato del ahora senador Xosé Sánchez Bugallo y costó la dimisión, a principios del año 2023, del entonces edil José Manuel Pichel, después de trascender que alquiló una nave industrial para su departamento a una empresa a la que había estado vinculado.

En concreto, los hechos denunciados consisten en la adjudicación de un contrato de arrendamiento que se tramitó por razones de urgencia a favor de Desproi Promociones S.L. por parte de la junta de gobierno local en septiembre de 2021, cuando gobernaba Bugallo. El objetivo de la causa es determinar si la adjudicación se hizo de forma interesada y sin ajustarse a las normas que rigen la contratación pública.
 

OTRAS DECLARACIONES ESTA SEMANA
En el marco de esta causa prestó declaración en febrero como investigado el exconcejal socialista José Manuel Pichel y antes lo habían hecho, como testigos, el secretario del Ayuntamiento, José Manuel G. G., y el anterior interventor municipal, Juan Ramón G. C.

Esta misma semana más testigos han pasado o pasarán por los juzgados compostelanos en relación a este caso, dado que para este miércoles estaban citados trabajadores de informática del Ayuntamiento y también de Mudanzas Boquete.

Para este jueves, según las fuentes consultadas por Europa Press, está previsto que comparezcan cargos ligados con Unións Agrarias (UU.AA.) y Fademur.

Unións Agrarias, también conocida como Unións Agrarias-UPA, es un sindicato agrario con sede en Galicia, afiliado a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y estructuralmente ligado a la Unión General de Trabajadores (UGT).  Según una denuncia del PP,, Desproi estaría vinculada a entidades "estrechamente relacionadas" con el PSOE, incluyendo Unións Agrarias y UGT, debido a la participación de sus miembros en las empresas propietarias de Desproi. Por ejemplo, José Luis Fernández Celis, secretario de Organización de UGT Galicia, fue  cargo Desproi.

Fademur, o Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, es una organización progresista fundada para promover la igualdad y el progreso de mujeres que viven y trabajan en el medio rural.

¿Qué se investiga en el Caso Desproi?

El caso Desproi en Santiago de Compostela es un asunto complejo que combina elementos de gestión pública, conflictos de interés y controversias políticas, con implicaciones legales que aún están en desarrollo.

Surgió en 2021 cuando el Ayuntamiento, liderado por Xosé Sánchez Bugallo, alquiló una nave en el polígono de A Costa Vella a Desproi Promociones S.L. para departamentos municipales. Se descubrió que José Manuel Pichel, un exconcejal, tenía vínculos con la empresa, lo que llevó a su dimisión en 2023.  

Las irregularidades señaladas incluyen varios aspectos críticos:

• Falta de Licencia de Actividad: La nave no tenía el permiso necesario para operar como centro de negocios, alquiler de oficinas y almacén, lo que violaba normativas urbanísticas. Según La Voz de Galicia, la solicitud de licencia de 2011 quedó sin resolver durante mandatos del PP y Compostela Aberta (CA), y no se realizaron las verificaciones adecuadas.
• Procedimientos Contractuales: El contrato se tramitó alegando urgencia, pero no se justificó adecuadamente, y no se realizó una licitación pública, lo que contraviene las normas de contratación pública. Informes fiscales de septiembre de 2021 y diciembre de 2022, según publicó Galicia Press, destacaron la ausencia de competencia pública y brechas normativas.
• Deudas de Desproi: La empresa acumulaba deudas significativas, incluyendo impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según El Correo Gallego, en febrero de 2023 se reportó una deuda de 111.606,19 euros más intereses para 2022, y anteriormente se mencionaron deudas totales de 172.743,72 euros, lo que debería haber impedido su participación en contratos públicos.
• Instrucciones de Alcaldía: Documentos internos, como los mencionados en la denuncia del PP, sugieren que la propuesta de contratación siguió "instrucciones de Alcaldía", liderada por Bugallo, lo que podría indicar influencias indebidas. Esto se detalla en la denuncia de más de 50 páginas presentada por el PP, con 45 documentos anexos.