Los resultados electorales en los municipios leoneses más arrasados por el fuego este verano revelan que la gestión del PP en materia de incendios no se traduce en castigo electoral. Un fenómeno que en Galicia tiene precedentes claros y que pone en perspectiva las críticas a la Xunta por los grandes fuegos de 2025 en Ourense.

Las llamas que devoraron más de 100.000 hectáreas de la provincia de Ourense en el verano de 2025 —alimentando la peor ola de incendios en la historia de Galicia— pusieron a la Xunta de Alfonso Rueda en el punto de mira de la oposición, los ecologistas y amplios sectores de la sociedad civil.

El BNG denunció una "cadena de negligencias", el PSOE habló de""precariedad" en el dispositivo antiincendios, y miles de personas se manifestaron en Ourense y Santiago.

Los primeros sondeos electorales tras el verano apuntaron a un desgaste de las perspectivas electorales del PP en Galicia y Ourense, la provincia donde tradiconalmente logra mejores porcentajes.

Sin embargo,  el escrutinio este domingo en Castilla y León invita a relativizar el impacto electoral de esa indignación: en las recientes elecciones autonómicas castellanoleonesas, el PP ganó en 10 de los 19 municipios más afectados por los grandes incendios de la provincia de León. 

Es más el PP aumentó su porcentaje de voto en la inmensa mayoría de ayuntamientos arrasados por las llamas. Los conservadores solo retrocedieron en cuatro municipios.

Altri: la mayor protesta social sin consecuencias electorales directas

Los datos electorales históricos apuntan a una realidad que trasciende este episodio concreto. 

Por ejemplo, caso de la mina de Corcoesto ilustra bien ese patrón. A principios de la pasada década, la Xunta del PP aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero en A Coruña que contemplaba el uso de miles de kilos de arsénico y cianuro a menos de 150 metros de un espacio de la Red Natura 2000. La contestación fue multitudinaria e incluso apoyada por alcaldes conservadores.  El proyecto acabó siendo abandonado pero PP no pagó ningún precio electoral visible en Bergantiños por haber respaldado institucionalmente ese proyecto.

El caso más reciente —y el más llamativo— es el de Altri. La planta de celulosa que la multinacional portuguesa pretendía instalar en Palas de Rei generó la mayor movilización social de Galicia en décadas: más de 100.000 personas se manifestaron en Santiago en diciembre de 2024 bajo el lema "Altri non", y la oposición al proyecto se extendió a los sectores pesqueros y marisqueros de la ría de Arousa. La Xunta de Rueda respaldó el proyecto desde el principio, lo declaró estratégico para Galicia y otorgó una declaración de impacto ambiental favorable. La contestación social fue frontal y masiva. 

Y sin embargo, aquellas protestas no impidieron que el PP revalidara su mayoría absoluta en las elecciones de febrero de 2024 —con la campaña de Altri ya en marcha— ni que el relato electoral pivotara sobre otros ejes. 

El reciente caso leonés no es el primero en apuntar en esa dirección a nivel estatal. El verano de 2022 dejó en Zamora otra cicatriz enorme: el incendio de la Sierra de la Culebra arrasó más de 55.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los peores de la historia de Castilla y León, con la misma Junta del PP al frente del dispositivo de extinción. La indignación social fue similar a la que se viviría tres años después en León y en Ourense. El resultado electoral, también. En las municipales de mayo de 2023, de los 34 municipios afectados por las llamas, 23 quedaron en manos de alcaldes del PP, dos más que antes del incendio, y hay localidades que pasaron directamente del PSOE a los populares. En las generales de julio de ese mismo año, en los 15 municipios más poblados de la Sierra de la Culebra, el PP subió del 43,8% al 50,6% mientras el PSOE bajaba del 31,6% al 30,4%. Y en las autonómicas de 2026, los populares superaron de nuevo la barrera del 50% de los votos en esa comarca, mejorando incluso los registros de 2022. Tres citas electorales, tres victorias del PP en el territorio que el partido había dejado arder.

El patrón se repite en otros territorios y con otros tipos de catástrofe ambiental. El Mar Menor, el mayor lago salado de Europa, lleva años en estado de emergencia ecológica en la Región de Murcia, también gobernada por el PP de López Miras. La contaminación agrícola, los vertidos y la proliferación de algas han generado episodios de mortalidad masiva de peces y han desatado una intensa contestación ciudadana. Los propios sondeos anticipaban que los votantes señalaban al Gobierno regional como el principal responsable de la degradación del ecosistema y que el PP podría perder dos escaños como consecuencia. Lo que ocurrió en las autonómicas de mayo de 2023 fue lo contrario: López Miras revalidó la victoria con 21 diputados, más que en 2019, mientras el PSOE perdía cuatro escaños. El daño ambiental no se tradujo en daño electoral.

La conclusión que se puede extraer de todos estos episodios —los incendios de León, Mar Menor, Corcoesto, Touro, Altri— apunta en la misma dirección: los desastres ambientales, por intensos que sean, no logran desgastar el dominio electoral del PP en el rural, ni en el gallego ni en el español.