Xunta y patronal crean una comisión de trabajo para analizar jurídicamente la reforma del Reglamento de Costas

Fuentes del Miteco reivindican la reforma y rechazan la idea de que suponga "inseguridad jurídica"

La Xunta y comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han acordado la creación de una comisión de trabajo para analizar jurídicamente el nuevo anteproyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas.

Así lo ha anunciado este martes la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, tras reunirse con la comisión Mar-Industrial de la CEG, donde también ha intervenido el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.

La conselleira ha afirmado que el panorama "es desalentador" y que el texto del real decreto "es todavía peor" que la previsión anterior. "Lo que viene a decir es que van a reducir las concesiones, que no se van a dar más concesiones en la costa; es decir, que se va a expulsar de la costa toda la actividad económica, incluido el sector primario", ha criticado Vázquez.

El documento, que el MITECO sacó este lunes a exposición pública para que las partes interesadas puedan presentar alegaciones antes del 1 de abril, "nada tiene que ver" con lo que pidió la Comisión Europea.

En este contexto, Vázquez ha afirmado que "lo que pretende" el Gobierno central es que "ni Galicia ni el resto de comunidades autónomas puedan otorgar las concesiones", y que la forma que tiene el Ejecutivo central de hacerlo es "modificando la ley por la puerta de atrás".

"Esto, para Galicia y el resto de comunidades autónomas, es terrible desde el punto de vista económico y social", ha lamentado la conselleira, al tiempo que ha cargado contra el "concepto" que tiene España de "prohibir para no invertir".

Estos hechos, ha continuado, "rompen totalmente" el principio de lealtad institucional y de confianza que tenían las empresas a las que se les dio una concesión o una ampliación y a las que ahora "les dicen que se altera la regla del juego y que, si no están de acuerdo, serán expulsadas".

Por su parte, el presidente de la CEG ha remarcado la necesidad de "estar todos unidos" para, en la colaboración público-privada, "seguir defendiendo los intereses del complejo mar e industria".

Asimismo, ha defendido que la implantación de la actividad económica en el litoral debe ir siempre acompañada de "normativas adecuadas", y no de aquellas que "quieran evitar concesiones y eliminar la actividad económica e industrial que cumple con la normativa".

La comisión Mar-Industria de la CEG ha remarcado que esta reforma genera incertidumbre jurídica, un mayor riesgo regulatorio, riesgo para las inversiones existentes, restricción de usos económicos y dificultades en actividades auxiliares.

MITECO RECHAZA QUE EXISTA "INSEGURIDAD JURÍDICA"
Por su parte, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han incidido en que el anteproyecto de modificación del reglamento "en absoluto" impide que se otorguen concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.

Explican que la modificación exclusivamente modifica el procedimiento de otorgamiento de concesiones de actividades económicas para garantizar la concurrencia competitiva, de acuerdo con lo exigido por la Comisión Europea.

Además, respecto al sector mar-industria, la modificación del Reglamento General de Costas que se tramita no prevé reducciones de plazo respecto a lo regulado desde 2014. Al contrario, apuntan, se prevé aumentar el plazo de 50 años para cultivos marinos que preveía la regulación de 2014 a 75 años.

Insisten en que la modificación del Reglamento General de Costas se ajusta a lo exigido por la Comisión Europea en el procedimiento de infracción por incumplimiento de la normativa europea relativa a la concurrencia competitiva y el texto sometido a información pública ha consensuado con la Comisión y con la Secretaría General de Pesca.

Europa exigió que se incluyera un régimen transitorio para aquellas concesiones otorgadas en incumplimiento de la normativa europea, "lo que en ningún caso significa que se vayan a anular concesiones, y que si es necesario adaptarlas y el concesionario no está de acuerdo, la Administración podrá revocar previa indemnización". "No hay, por tanto, ninguna inseguridad jurídica", rechazan.

Asimismo, recuerdan que la Xunta, competente para otorgar las concesiones de ocupación del DPMT desde el 1 de julio de 2025, todavía no ha otorgado ni un solo título de ocupación para el sector mar-industria.

Por último, animan a la administración autonómica a presentar alguna observación "seria, legal y constructiva", que "será tenida en cuenta".