BNG y socios de izquierda piden al PSOE incluir la prohibición de desahucios y cortes de luz en el decreto de Irán

Piden incluir en el decreto la moratoria antidesahucios que cayó con el 'escudo social' por el rechazo de PP, Vox y Junts

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(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Con

Piden incluir en el decreto la moratoria antidesahucios que cayó con el 'escudo social' por el rechazo de PP, Vox y Junts

Socios parlamentarios de izquierdas han pedido al PSOE que en el decreto para contener el impacto económico derivado de la guerra en Irán se incluya la prohibición de desahucios y de corte de suministros básicos como agua y luz, medidas que estaban en el 'escudo social' derogado por el Parlamento ante el rechazo de PP, Vox y Junts.

El Gobierno ya ha avanzado su intención de llevar previsiblemente al Consejo de Ministros del martes 17 de marzo un decreto ley para contener las consecuencias económicas del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, como ha sido la escalada de precios en los combustibles.

Antes de elevar el documento al Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, contactó con los grupos parlamentarios para que lanzaran sus propuestas a incluir en el decreto y varios de los socios habituales del PSOE han pedido recuperar medidas del conocido como 'escudo social', que se ha tumbado hasta dos veces en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Junts.

RECUPERAR PARTE DEL ESCUDO SOCIAL
En concreto, fuentes de Sumar, del BNG y de Compromís han confirmado a Europa Press su petición para prohibir los desahucios, medida que PP, Vox y Junts rechazan frontalmente y que precisamente usaron para justificar su voto en contra al 'escudo social.

Plurinacionales, nacionalistas gallegos y valencianistas también han pedido la prohibición de cortar el agua o la luz a las personas vulnerables. La diputada de En Comú integrada en Sumar, Aina Vidal, ya confirmó el martes la intención el grupo de incluir en el decreto la moratoria antidesahucios, mientras que Podemos se ha mostrado proclive a que el nuevo decreto para paliar las consecuencias de Irán incluya todas las medidas que se tumbaron en el 'escudo social'.

En lo que respecta a Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, no han confirmado sus peticiones al Ejecutivo en la ronda de contactos, pero sí registraron enmiendas conjuntas con el BNG a una ley en tramitación para impulsar la moratoria antidesahucios y la prohibición de corte de suministros y hacer sendas medidas estructurales.

YA HAY PROPUESTAS REGISTRADAS
Además de esta reforma, ERC, Bildu, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, han registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir el blindaje de los recursos básicos para la vida ante la escalada bélica internacional y el actual contexto de inestabilidad geopolítica global.

En la propuesta, recogida por Europa Press, los partidos proponentes piden diseñar y promover un mecanismo normativo de activación extraordinaria y temporal que permita la adopción de medidas de contención o limitación de precios en los productos energéticos cuando se produzcan incrementos abruptos derivados de crisis geopolíticas o interrupciones relevantes de rutas estratégicas de suministro, como ha sucedido ahora con el corte en el Estrecho de Ormuz.

Otras peticiones pasan por reforzar las competencias de supervisión y control de márgenes empresariales, reforzar la normativa reguladora de la cadena alimentaria y fomentar una estrategia de soberanía alimentaria y energética para reducir dependencias estratégicas externas.

Asimismo, proponen estudiar la implantación de instrumentos fiscales extraordinarios, temporales y proporcionados sobre beneficios sobrevenidos derivados de crisis geopolíticas, garantizando su plena adecuación al ordenamiento constitucional y jurídico, y al Derecho de la Unión Europea, y distribuyendo su recaudación a las comunidades autónomas para garantizar la disponibilidad de recursos para la protección del poder adquisitivo y para financiar políticas de cohesión social.

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