Justicia obliga al SERGAS a pagar una operación en la privada de Ourense

El tribunal gallego confirma que el Servizo Galego de Saúde deberá abonar casi 17.000 euros por una intervención que corrigió las secuelas de una colonoscopia mal practicada en el hospital comarcal de Verín.

 


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Urgencias del Hospital de Verín (Ourense).
Urgencias del Hospital de Verín (Ourense).

 

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por un caso de negligencia médica ocurrido en el Hospital Comarcal de Verín, en la provincia de Ourense. La justicia gallega ha confirmado que la administración autonómica deberá indemnizar con 16.976,64 euros a la hija de una paciente ya fallecida, que tuvo que costear una intervención quirúrgica en la sanidad privada para corregir las consecuencias de un error producido durante una colonoscopia.

 

Los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando la paciente fue sometida a una colonoscopia de rutina en el centro hospitalario verinense. Durante el procedimiento se produjo una perforación accidental del colon, lo que obligó a su traslado de urgencia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Allí fue intervenida de emergencia y se le colocó una bolsa de colostomía, un dispositivo que alteró profundamente su rutina diaria y su bienestar.

 

Para el tribunal, esta situación supuso una grave afectación física y emocional que limitó de forma notable su vida personal, familiar y social. Según la resolución judicial adelantada por La Región, la mujer sufrió una pérdida sustancial de autonomía, dignidad y calidad de vida, consecuencia directa de un incidente originado en la sanidad pública.

 

Negativa del sistema público y recurso a la privada

Una vez estabilizada, la paciente solicitó información en el Hospital de Verín para someterse a una reconstrucción del tránsito intestinal, con el fin de retirar la bolsa de colostomía y recuperar su estado previo. Sin embargo, el cirujano del Sergas que la atendía desaconsejó la operación por considerar que existía un alto riesgo quirúrgico dada su historia clínica. A esta valoración se sumó un informe desfavorable del propio Sergas, lo que impidió que la intervención se realizara en el sistema público de salud gallego.

 

La paciente, ante esa negativa y tras meses de malestar, decidió actuar por su cuenta. En diciembre del mismo año, acudió a una clínica privada de Ourense (Cosaga), donde fue operada con éxito. La cirugía resultó completamente satisfactoria, sin necesitar nuevas intervenciones ni complicaciones posteriores, logrando así la recuperación de su tránsito intestinal y una mejora sustancial en su calidad de vida. Poco después, la mujer falleció, y su hija emprendió las gestiones legales para reclamar al Sergas el reintegro de los costes médicos al considerar que la intervención privada había sido consecuencia directa de un error del sistema público.

 

El TSXG ratifica la “afectación vital” de la paciente

El caso fue analizado primero por el Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, que en su día dio la razón a la familia. No obstante, el Sergas presentó un recurso defendiendo que la paciente no se encontraba en una situación de riesgo vital inminente que justificase acudir a la medicina privada, y que su decisión de operarse fuera del sistema público obedecía únicamente a una iniciativa personal.

 

Los magistrados del TSXG, sin embargo, han rechazado los argumentos del organismo sanitario. En su resolución, consideran que, aunque la paciente no estaba en peligro de muerte, sí padecía una auténtica afectación vital que comprometía gravemente su bienestar y sus derechos fundamentales. El tribunal resalta además que esa pérdida de calidad de vida se derivaba directamente del error médico cometido durante la colonoscopia realizada por los servicios públicos.

 

El fallo califica la actuación del Sergas como “excesivamente prudente”, en contraste con el criterio de los profesionales privados, quienes demostraron que la operación era viable, segura y eficaz. Por este motivo, los jueces concluyen que la administración debe asumir la factura de la intervención privada, ya que se trataba de una medida necesaria para restaurar parcialmente las condiciones de vida anteriores al accidente médico. 

 

Hasta el momento, el Sergas no ha emitido ningún comentario público sobre el fallo ni ha confirmado si presentará recurso ante instancias superiores.

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