Falsa dentista y la dueña de una clínica dental en Lugo, en el banquillo de los acusados
Ambas se enfrentan a una pena de un año y medio de prisión por un presunto delito de intrusismo profesional en el ámbito de la salud. El intrusismo va a más en el sector.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo tendrá que señalar una nueva fecha para el juicio contra una mujer acusada de ejercer como dentista sin título en una clínica privada de la capital lucense y contra la propietaria del centro, después de que la vista oral quedase suspendida por la baja de uno de los letrados. Ambas se enfrentan a una pena de un año y medio de prisión por un presunto delito de intrusismo profesional en el ámbito de la salud bucodental en Galicia.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la principal acusada, de 57 años, habría trabajado al menos entre septiembre de 2016 y junio de 2021 en una clínica de Lugo realizando tareas propias de ortodoncia sin disponer del título universitario en Odontología ni de la formación específica en esta especialidad que exige la normativa. Durante esos años habría desarrollado funciones que la ley reserva de forma exclusiva a odontólogos y estomatólogos, pese a carecer de habilitación académica en España.
La Fiscalía sostiene que la mujer atendía a pacientes como si fuera ortodoncista, pese a no figurar como licenciada o graduada en Odontología ni contar con el posgrado en ortodoncia exigido por la legislación, que remite a la Ley 10/1986 sobre odontólogos y otros profesionales de la salud dental y a su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1594/1994. El delito de intrusismo, recogido en el artículo 403 del Código Penal, sanciona el ejercicio de actos propios de una profesión sin el correspondiente título reconocido en España.
Atención a menores y diagnósticos sin titulación
El Ministerio Fiscal detalla un episodio concreto posterior al 15 de septiembre de 2016 en el que la acusada habría atendido a un menor que acudió a la clínica lucense. Tras explorarlo, supuestamente elaboró un diagnóstico, prescribió un tratamiento de ortodoncia, colocó los aparatos bucales y se ocupó de activar las ligaduras, intervenciones reservadas a profesionales cualificados.
La acusación pública subraya que estos actos no se limitaban a tareas auxiliares, sino que implicaban decisiones clínicas directas sobre el paciente. La realización de diagnósticos y la indicación de tratamientos dentales forman parte del núcleo de las competencias exclusivas de los odontólogos y estomatólogos, tal y como recuerdan sentencias recientes sobre intrusismo en el sector dental en España.
La responsabilidad de la propietaria de la clínica
La segunda acusada, de 67 años, es la dueña del establecimiento y cuenta con licenciaturas en Medicina y Cirugía y en Estomatología. La Fiscalía considera que, pese a su formación, facilitó a su empleada los medios materiales y el contexto profesional necesarios para ejercer como ortodoncista, a sabiendas de que no tenía la titulación requerida.
Por este motivo, el ministerio público solicita para ella la misma pena de un año y medio de cárcel, pero en calidad de cooperadora necesaria del presunto delito de intrusismo. La acusación sostiene que la propietaria no solo permitió la actividad, sino que la hizo posible dentro de su consulta, lo que agrava su implicación a ojos de la justicia penal.
Un problema que preocupa en la odontología gallega
En Galicia, los colegios profesionales del ámbito dental llevan años alertando del aumento de casos de intrusismo y de sus consecuencias para la salud de los pacientes. Recientemente, la Audiencia Provincial de Pontevedra ratificó la condena por intrusismo a una higienista dental que trabajaba en la comunidad sin el título homologado, confirmando seis meses de prisión por ejercer funciones sin la habilitación exigida.
En la misma línea, el Consejo General de Dentistas y los colegios provinciales han señalado que el intrusismo en odontología es uno de los problemas que más inquieta a los profesionales, al suponer un riesgo real para quienes reciben tratamientos de personas no cualificadas.
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