El Observatorio contra el fraude y corrupción sanitaria halla 317 indicadores de riesgo en nueve organismos de Sanidad

El Observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria ha finalizado la evaluación estratégica de nueve organismos clave del Ministerio de Sanidad, tras lo que ha identificado 317 indicadores de riesgo asociados a potenciales conflictos de interés y ha consolidado 287 medidas preventivas ya implantadas en los distintos ámbitos de actuación.

Este análisis, llevado a cabo para hallar y prevenir situaciones de conflicto de interés en el ámbito sanitario, concluye, según ha indicado esta cartera gubernamental, que la misma dispone de un sistema preventivo robusto y alineado con estándares internacionales, sustentado en mecanismos de control interno, transparencia y toma de decisiones colegiada.

No obstante, propone 33 medidas orientadas a reforzar la homogeneización de políticas, como la extensión de modelos avanzados de Declaraciones de Ausencia de Conflictos de Interés (DACI), la publicación sistemática de agendas institucionales y el desarrollo de un protocolo común para la interacción con la industria.

En concreto, este trabajo ha estudiado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el Comisionado de Salud Mental, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), la Secretaría General de Salud Digital, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), y las direcciones generales de Ordenación Profesional, de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia y de Salud Pública y Equidad en Salud.

Sobre todas estas instituciones se han analizado 138 funciones, destacando la colegialidad como uno de los principales elementos de protección frente a riesgos, al reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones mediante estructuras compartidas como comisiones técnicas y órganos de coordinación. Además, se ha constatado una amplia implantación de las DACI y compromisos de confidencialidad en procesos críticos, especialmente en la gestión de subvenciones y el acceso a datos sensibles.

Por otra parte, el sistema de integridad de Sanidad se sitúa actualmente en un nivel de excelencia equiparable al de las principales agencias y organismos de referencia en el ámbito europeo, alineamiento internacional que es especialmente visible en la AEMPS, la ONT y la Dirección General de Salud Pública. Estas están obligadas a operar bajo marcos normativos comunitarios de alta exigencia, como los estándares de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento sobre sustancias de origen humano (SOHO).

TRANSPARENCIA
En relación con la transparencia, este análisis ofrece el dato de que siete de las nueve unidades evaluadas disponen de mecanismos específicos para la gestión ética de relaciones con agentes externos, incorporando criterios de control, registro y seguimiento de reuniones, buenas prácticas y excelencia institucional.

En este sentido, el Observatorio expone ejemplos de referencia dentro del sistema, como la AEMPS, por su marco regulador alineado con exigencias europeas; la ONT, por su política restrictiva de relaciones con empresas y criterios públicos de asignación; el INGESA, por el refuerzo de la transparencia en contratación y gestión de recursos estratégicos; y la DGPNSD, por sus procedimientos de evaluación objetiva y prevención de conflictos en subvenciones.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Ahondando, por otro lado, en las oportunidades de mejora, el resumen ejecutivo de este trabajo revela que el INGESA puede extender DACI, ofrecer formación periódica en integridad y establecer procedimientos escritos y auditorías internas aleatorias; mientras que el Comisionado de Salud Mental tiene la opción de desarrollar un sistema más robusto de DACI y otras herramientas de integridad, aún no implantadas.

La DGPNSD puede ampliar DACI a titular y Subdirecciones y crear un mapa propio de conflictos y evaluación periódica, además de establecer mecanismos de participación ciudadana; y la Secretaría General de Salud Digital tiene la posibilidad de completar los indicadores y medidas específicas. Para la Dirección General de Ordenación Profesional, se aboga por profundizar el mapa de riesgos en Alta Inspección, mientras que para la AEMPS no hay ofrecimientos.

En la Dirección General de Cartera Común del SNS y Farmacia se puede extender DACI a funcionarios implicados y renovarla anualmente, así como homogeneizar obligaciones de conflicto de intereses en comités; y en la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud se apuesta por homogeneizar medidas entre Subdirecciones. Crear un protocolo de contacto con empresas, una DACI anual, un código de conducta propio y la medición de percepción pública de integridad son las oportunidades de mejora de la ONT.

Con todo, desde el Ministerio de Sanidad han informado de que estas acciones marcarán el inicio de la fase final del ciclo de gestión, centrada en la implementación de mejoras y la consolidación de un sistema de evaluación continua.