Greenpeace señala en un informe "los otros Altri": 12 proyectos en España que "amenazan espacios de alto valor"

Greenpeace ha publicado este viernes el informe 'Los otros Altri' en el que señala a 12 proyectos en España que "amenazan espacios de alto valor ecológico".

En un comunicado, la organización ha explicado que entre estos proyectos se encuentra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat; la expansión del Museo Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Euskadi; el Clúster de renovables en El Maestrazgo y el proyecto de unión de estaciones de esquí en Canal Roya, en Aragón.

También incluye el proyecto de reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar (Sevilla); el restaurante y glamping en la playa de Bolonia (Cádiz); el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y el hotel proyectado en la playa de los Genoveses (Almería), en Andalucía.

Además del proyecto de "macrofábrica de celulosa de Altri en A Ulloa", en Palas de Rei (Lugo), el informe incluye también la ampliación de la macrogranja de Valle de Odieta en Caparroso y el proyecto de mina en el pastizal de Erdiz, en Navarra, y el proyecto turístico Cuna del Alma en Adeje, en Canarias.

El objetivo de este informe es "hacer visibles de forma más clara las tácticas nocivas de las empresas y la dejadez de las administraciones", y señala que estas prácticas afectan a sectores económicos variados, como el papelero, ganadero, minero, energético, turístico, de comunicaciones y cultural.

El texto también identifica las tácticas empleadas por empresas para que sus proyectos puedan salir adelante, basadas en "la difusión de información engañosa (greenwashing, promesas de empleo), compra de voluntades (lobby político, contenidos patrocinados, planes sociales, puertas giratorias) y la utilización de estratagemas para poder burlar la ley".

Además, critica la "permisividad, negligencia y muchas veces la complicidad de las administraciones públicas para facilitar la implementación de estos proyectos", y defiende que España lidera el ranking de países europeos con más procedimientos de infracción abiertos por motivos ambientales por parte de la Comisión Europea.