"Controladores aéreos abandonan porque no compensa": huelga en aeropuerto silenciada por abusos e inacción política

Este jueves se cumple una semana desde el cierre del aeropuerto de Santiago de Compostela. Las obras en la pista de Lavacolla obligan a desviar gran parte del tráfico aéreo a los aeropuertos vecinos de Vigo y A Coruña, especialmente en este último, pues Alvedro ha absorbido gran parte de la carga de trabajo que se desliga de la terminal compostelana. Esto no sería más que anecdótico si obviamos un hecho fundamental: los controladores aéreos de las torres de control de Vigo y A Coruña están en huelga desde hace semanas. Una huelga apenas perceptible, por los servicios mínimos que definen “abusivos” y que han tapado un conflicto que ha llegado a este extremo tras la privatización de las torres de control de algunos aeropuertos, bajo la gestión de Saerco, y el hartazgo de las plantillas que se definen como “cortas, precarizadas y exhaustas”. 

EN HUELGA Y SIN INTERLOCUTOR

Los paros indefinidos arrancaron el pasado 17 de abril, convocados por los sindicatos USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) y CC.OO., afectando no solo a los dos aeródromos gallegos, sino a otros aeropuertos relevantes como los de Sevilla, Castellón, Lanzarote, La Palma o Fuerteventura, entre otros. Si hasta ahora siguen despegando y aterrizando los aviones es porque los trabajadores han tenido que asumir “unos servicios mínimos que, desde nuestro punto de vista, son abusivos y no respetan lo que publicó el Ministerio de Transportes”. 

Así lo razón Susana Romero, portavoz de USCA, que recalca que ni mucho menos este es un hecho aislado, sino una práctica habitual para tratar de minimizar el impacto de las protestas. Pese a las denuncias reiteradas y las victorias judiciales, el panorama no se despeja, a causa de que “el Ministerio habla de porcentajes de vuelos protegidos más que de servicios mínimos”, lo que dificulta que se haga efectiva la huelga, pues esos vuelos protegidos, que deberían circunscribirse a los hidroaviones en caso de incendio, por ejemplo, o aquellas aeronaves destinadas al rescate de personas o al traslado de órganos para su trasplante, acaban afectando a la totalidad de los vuelos.

“Es imposible que en A Coruña y Vigo se pueda ejercer el derecho a la huelga”, lamenta Romero, que no descarta volver a acudir a los tribunales por esta vulneración, que lo que no tapa es la falta de personal que sufre Alvedro, dejando el servicio de noche sin cubrir, comprometiendo incluso la operatividad de los quirófanos del CHUAC porque “si no hay personal en el aeropuerto no se puede utilizar ni puede haber vuelos para llevar los trasplantes al hospital”. 

Una falta de personal que niega la compañía pero que tiene un impacto directo sobre todo el colectivo, pues impide la conciliación, ya que la respuesta de Saerco, en vez de aumentar las contrataciones, es, denuncian desde USCA, “negar permisos, cancelar vacaciones y días libres, abusar de la disponibilidad…”. “Te llaman y tienes que ir a trabajar. No importa que tengas planes. Lo hacen incluso ahora con la huelga, cambiando sobre la marcha una vez publicados los turnos y los servicios mínimos”, abunda Romero.

Todo ello en un contexto en el que, mientras merman las plantillas, crecen las responsabilidades, pues ahora hay menos controladores que cuando se privatizaron las torres de control, inversamente proporcional al aumento en el número de vuelos de estos aeropuertos desde entonces. En este caldo de cultivo y tras meses de reclamaciones, los trabajadores se vieron obligados de llegar al extremo de la huelga para “visibilizar el conflicto, aunque no tenga efecto en los vuelos”, a fin de dar a conocer a los viajeros “qué es lo que pasó cuando se privatizaron las torres, cómo se deterioró el servicio y cómo puede empeorar si no se acometen los refuerzos necesarios”. 

Sin embargo, hasta ahora Saerco parece cerrado en banda a negociar cualquier tipo de cambio, sin ofrecer un interlocutor y sin reconocer fallos en su gestión. Las reuniones previas a la huelga con la mediación en el SIMA se cerraron sin tender puentes para el diálogo, llegando a ser canceladas por la firma “sin explicación y solo dos horas antes de la reunión”, dinamitando cualquier posible acercamiento. 

¿DEVOLVER LAS TORRES AL CONTROL PÚBLICO?

Sin tener a quién dirigirse, los sindicatos también cargan las responsabilidades sobre el Gobierno de España y Anea, que hasta ahora se han mantenido de perfil, una posición cómoda mientras no se reporten retrasos ni cancelaciones, aunque el puente de mayo está a la vuelta de la esquina, como el inicio de la temporada alta. “Aena es corresponsable de esta situación, porque no deja de ser una empresa pública dependiente del Ministerio. Es responsable de que haya estos recortes, porque aceptó una oferta muy a la baja en la última licitación de controladores que sabía que iba a traer un recorte de personal”, censura Romero, que acusa de “mirar los dividendos que presentar a sus accionistas millonarios” en lugar de la situación de los profesionales: “Recordamos que es la empresa del sector que más reparte, más de un 80% de sus beneficios los reparte en dividendos. Estamos hablando de miles de millones”. 

A nivel político, los sindicatos apelaron al secretario de Estado de Transportes el pasado verano, temiendo la posibilidad de tener que recurrir a la huelga y ante episodios como “renuncias voluntarias de compañeros para no dejar el servicio colgado, para impedir que se cierre el servicio”. “A largo plazo es insostenible. No puedes mantener un servicio público básico en base a recortes de los derechos de las personas”, razona. Pese a todo, hasta la fecha no recibieron respuesta alguna del Ministerio.

Sí han encontrado respuesta por parte de formaciones políticas, como el BNG, que exige revertir la privatización, o un frente canario común, conscientes de la gravedad de la situación y tan dependientes del correcto funcionamiento de los aeropuertos para la economía de los isleños, que no pueden permitirse más situaciones como la de aviones dando vueltas en círculos por la falta de controladores para poder aterrizar. “Esto está pasando en las torres de control privadas, no en las torres de control público”, advierten. 

Devolver las torres de control al dominio público sería la solución, a juicio de USCA, y ponen ejemplos en grandes ciudades, como Londres, cuando se privatizó la torre de Gatwick y la experiencia no fue positiva, devolviéndola a manos públicas. 

“En el resto de Europa las torres son públicas. Incluso Estados Unidos, que es uno de los países más liberalizadores del mundo, si no el que más, el control es público”, enfatiza Romero, al tiempo que pone el acento sobre la “importancia estratégica” de estas infraestructuras, hoy dirigidas por un personal fatigado y muy quemado por las complicaciones que tienen que asumir, haciendo todo tipo de malabarismos con su vida profesional y privada.

"LA GENTE, EN CUANTO PUEDE, SE MARCHA"

“Saerco es una empresa que tiene el triste récord de despidos en la historia del control aéreo. Es una empresa muy nueva, que fue creada ad hoc cuando fue la privatización sin ningún tipo de experiencia aeronáutica previa, lo cual ya debería hacer sospechar cuáles eran las intenciones”, reprende Romero, que relata situaciones de profesionales obligados a cancelar sus vacaciones estando ya en su destino. 

“La gente, en cuanto puede, se marcha. Oposita para Enaire o busca alternativas laborales, porque es muy complicado tener una vida así”, protesta, subrayando a la vez la responsabilidad de los controladores y los años de preparación que tienen a sus espaldas. Sin embargo, muchos controladores llegan a abandonar, con el caso de un controlador que, incluso, sufrió represalias por parte de Saerco. 

“En Vigo fueron despedidos tres compañeros, todos fueron declarados nulos y aún estamos esperando otro juicio. Pero un compañero decidió que no volvía, porque no vale la pena. No le compensaba, porque tiene niños pequeños, y con este nivel de presión constante, de amenazas continuas, de aperturas de expediente por absolutamente todo...”, refiere Romero, con el resultado de que las voces críticas, ante estos hechos, se aplacan por temor a más castigos. Por fortuna, dice Romero, “se está empezando a perder el miedo”, ya no solo por su propia situación, sino ante la percepción real de que “se está pasando una línea muy compleja que incluso podría llegar a afectar a la seguridad operacional si no se ataca ya”. 

Los sindicatos exigen a los responsables políticos una actuación decidida para evitar que se prolongue por más tiempo su situación. En Vigo, además, se da la particularidad de que hay que sumar a los servicios una torre de control remoto, que Romero recuerda que “no está homologada” pero que supone una carga extra, operando solo en unas franjas determinadas. “Es otro absurdo. En lugar de gastar esa millonada en el refuerzo de las plantillas, que es más importante, hacen este experimento que ya fue desechado en Menorca por Enaire por fallos de seguridad”, reprueban los controladores, que asumen que estas iniciativas no van a mejorar el control aéreo en Vigo, pero con la seguridad de que “si en Peinador va adelante, Alvedro va detrás”.

Todas estas circunstancias lo que generan es la tormenta perfecta, que se cierne sobre los aeropuertos sin que descargue el temporal por la propia responsabilidad de los controladores, que evitan que la sangre llegue al río. “Si hoy no hay riesgos es porque somos conscientes de la gravedad, como garantes últimos de la seguridad, y lo estamos poniendo encima de la mesa”, asevera Romero.

“La seguridad operacional aérea está copiada por otros tipos, por otros medios de transporte precisamente por su robustez, por ser un servicio que tiene todo por duplicado. Hay muchísimas barreras de seguridad. Pero no se puede estar limando y quitando piezas. No es infalible”, reivindica. Los trabajadores están llegando a su límite, advierten, y no esconden de que, en esta dirección, “podemos llegar al borde de que pueda ocurrir algo, porque nos estamos acercando al precipicio”. 

Aun con tecnología puntera, la parte humana sigue siendo crucial y determinante. Pero con esas reducciones que definen como “preocupantes”, los controladores se mantienen en las trincheras, sin intención alguna de desconvocar la huelga y denunciar todos los abusos que vienen sufriendo, esperando todavía la respuesta del secretario de Estado y llevando hasta la Agencia Estatal de Seguridad Aérea todas las irregularidades que perciben, además de mantener reuniones con distintos representantes políticos, con el objetivo de revertir la privatización de las torres de control, hoy más descontroladas que nunca.