Martiño Ramos Soto, acusado de violar a una alumna en Ourense, pierde su plaza de funcionario docente

El Ministerio de Educación ha expulsado definitivamente del cuerpo de maestros a Martiño Ramos Soto, el profesor ourensano condenado a más de 13 años de prisión por la violación reiterada de una alumna menor de edad. La decisión supone la pérdida de su plaza como funcionario y la imposibilidad de volver a ejercer la docencia en la enseñanza pública.

La resolución ministerial se adopta a propuesta de la Consellería de Educación de la Xunta y en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, que quedó firme el 3 de julio de 2025 y que ordenaba su inhabilitación absoluta para dar clases durante 12 años. Esa sentencia ratificó una condena de 13 años y medio de cárcel por delitos de abusos sexuales reiterados y agresión sexual a una alumna a la que había empezado a tratar cuando tenía solo 12 años.

CONDENA

El fallo judicial consideró probado que el docente, entonces de 45 años, había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria y que se aprovechó de la relación de confianza y de la situación de vulnerabilidad familiar de la menor para iniciar el contacto a través de redes sociales. Los jueces describen una dinámica de manipulación en la que el profesor se presentaba como apoyo emocional para después someter a la adolescente a abusos sexuales continuados.

La Audiencia detalló que los ataques se prolongaron durante cuatro años, desde los 12 hasta los 16 de la víctima, e incluyeron violaciones, “prácticas sádicas” y episodios de violencia física extrema. En uno de esos episodios, el condenado la golpeó con fuerza, la llevó a una zona de monte y la dejó allí tirada, pese a las súplicas de la joven para que cesara.

HUIDA Y CAPTURA

Aunque la sentencia se declaró firme en julio de 2025 y fue comunicada a las partes en septiembre, Ramos no llegó a ingresar en prisión porque aprovechó ese intervalo para huir de España. El 31 de octubre se dictó una orden internacional de busca y captura, después de que se constatara que el profesor se encontraba en paradero desconocido.

Poco después, una investigación periodística reveló que el docente residía y trabajaba como fotógrafo en La Habana desde el verano de 2025, pese a la condena firme en España. Las autoridades cubanas lo detuvieron en noviembre y desde entonces se tramita su extradición, un proceso que continúa abierto y sobre el que la Audiencia Nacional y el Ministerio de Justicia no han informado de nuevos plazos.

POLÉMICA

El caso ha reavivado el debate sobre los protocolos de protección a menores en los centros educativos y la respuesta de las administraciones una vez se conocen denuncias tan graves. Distintos medios han señalado que el profesor llegó a seguir en activo y cobrando como funcionario durante años desde la denuncia inicial de la alumna, lo que ha generado críticas hacia la Xunta y hacia el sistema judicial por la falta de medidas cautelares.

Fuentes de la Consellería de Educación han defendido en informaciones recientes que el docente fue suspendido provisionalmente de funciones en agosto de 2024, después de la primera condena, y que la retirada de sueldo y plaza se vincula jurídicamente a la firmeza de la sentencia. Colectivos de defensa de la infancia y organizaciones feministas reclaman revisar los protocolos para apartar de inmediato de las aulas a cualquier docente investigado por delitos sexuales, mientras la defensa del profesor no ha hecho públicas nuevas valoraciones sobre la decisión del Ministerio.