La exedila de Láncara niega cualquier falsificación y alega falta de conocimientos informáticos

Esta declaración tuvo lugar en la segunda y última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia. En ella compareció también un testigo, aunque el padre de la exedila —que figura como coacusado— se acogió a su derecho a no declarar. El propietario del taller implicado sí intervino en esta ocasión, después de que la vista, inicialmente señalada para el pasado 12 de febrero, fuese aplazada por motivos de salud.

Tanto el padre como la hija están imputados por no abonar los trabajos de reforma en una vivienda y por un segundo episodio vinculado con la compra de un tractor. La Fiscalía solicita para cada uno dos años y medio de prisión y una multa de 2.400 euros, mientras que las acusaciones particulares reclaman cuatro años de cárcel y 6.000 euros de sanción.

Una transferencia de dos euros que levantó sospechas

Los hechos investigados se remontan a 2021. La acusación sostiene que ambos realizaron una transferencia de solo dos euros al constructor, con la intención de crear un justificante bancario manipulado. Posteriormente, habrían alterado el documento digital para que reflejase un pago de 39.272 euros, haciendo creer al profesional que la operación había sido completada.

El contratista, al confiar en la aparente transferencia, continuó las obras, valoradas finalmente en 46.338 euros. Según relató durante su declaración, al reclamarles el pago, los acusados le aseguraron que todo se debía a un error bancario. Días después, recibió una llamada de una mujer que se presentó como empleada de la entidad financiera y que confirmó esa versión. Sin embargo, la víctima desconfió y, tras comprobar los movimientos, descubrió que el documento era falso.

Una llamada sospechosa desde el ayuntamiento

Las pesquisas posteriores revelaron que la llamada supuestamente procedente del banco se emitió desde un teléfono municipal. La exedila alegó que ese aparato se utilizaba para “quejas y sugerencias” y que no era de uso exclusivo suyo.

La Fiscalía reclama además que ambos acusados indemnizen conjuntamente al constructor con 46.338 euros por los daños ocasionados, mientras que la acusación particular eleva la cantidad a 61.000 euros, más otros 3.000 en concepto de perjuicios morales y materiales.

El caso del tractor y las responsabilidades

El juicio aborda también otro supuesto fraude similar relacionado con la compra de un tractor a un taller mecánico de la zona. Según la acusación, los procesados entregaron un justificante de pago por 10.002 euros, cuando en realidad solo transfirieron 2 euros. El propietario del establecimiento explicó ante el juez que el vehículo fue entregado antes de verificar el cobro y que no recibió ingreso alguno.

El empresario señaló directamente al padre como responsable, ya que fue él quien firmó el precontrato. Afirmó que los acusados pretendían quedarse con el tractor, llegando incluso a contactar con la aseguradora, y que el vehículo fue recuperado únicamente porque “presentó una avería”. “Como no pagaron, ya no lo devolvimos”, declaró.

Por su parte, la exedila insistió en que no pretendían quedarse con el vehículo, pues —según dijo— ya le había comunicado al mecánico que tenía demasiados fallos y no lo querían finalmente.

La Audiencia Provincial de Lugo será la encargada de dictar sentencia en los próximos días, cerrando así un proceso que ha generado atención en la comarca lucense de A Ulloa.