La Diputación de Lugo asume el coste total de sus residencias tras firmar un nuevo convenio con nueve ayuntamientos

Carmela López defiende que esta medida permitirá a esos municipios un ahorro total de 700.000 euros

Los alcaldes de los nueve ayuntamientos que cuentan con un Centro de Atención a Mayores (CAM) firmaron este viernes un convenio con la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, que les permitirá ahorrar un total de 700.000 euros al año, ya que a partir de ahora será la entidad provincial la que asumirá íntegramente el déficit existente entre el coste real del servicio y la aportación de los usuarios.

Durante el acto, la presidenta destacó que este nuevo modelo permitirá aliviar de forma importante la carga económica que hasta ahora soportaban los ayuntamientos de Castroverde, A Fonsagrada, Meira, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribadeo, Ribas de Sil y Trabada.

Hasta el momento, los consistorios debían asumir un 30% del desfase económico que hay entre el coste real de mantenimiento de un usuario y lo que este paga mensualmente, lo que en 2024 supuso un gasto medio cercano a los 76.000 euros para cada municipio. Con el nuevo sistema, los gobiernos locales solo tendrán que hacerse cargo de gastos básicos como el abastecimiento de agua, la recogida de basura y pequeñas reparaciones que no superen los 500 euros, lo que reducirá su aportación anual a unos 15.000 euros de media.

En el acto celebrado, en el que cada alcalde ha ido firmando su convenio, la presidenta de la Diputación defendió que esta decisión responde a una "apuesta clara por reforzar los servicios sociales en el ámbito rural y evitar que los municipios más pequeños tengan que afrontar gastos que resultan difíciles de asumir" Según explicó, el objetivo es consolidar un sistema "más justo y sostenible", en el que la institución provincial utilice sus recursos para aliviar la presión económica de los consistorios.

"Como alcaldesa, sé bien lo que supone que se puedan reducir gastos en esta materia, que se pueden destinar a otra función", ha recalcado Carmela López, que, como presidenta de la Diputación ha recordado que "los servicios sociales son un derecho y garantizarlos es una obligación de la administración".

NUEVA ORDENANZA DE ACCESOS Y PRECIOS FIJOS
El acuerdo también introduce novedades en el funcionamiento de los centros. Entre ellas figura la elaboración de una nueva ordenanza provincial de acceso, que regulará los criterios de ingreso en las residencias y mantendrá la prioridad para las personas del entorno más cercano al centro. "El objetivo es facilitar que los mayores puedan permanecer en su comarca, cerca de su familia y de su entorno social", ha explicado Carmela López.

Asimismo, la Diputación elaborará una ordenanza de precio público que fijará lo que deberán abonar los usuarios. La cuantía se calculará en función del coste real del servicio, la capacidad económica de cada persona y un sistema de protección para quienes se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, el diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, ha añadido que el coste medio mensual de atención a una persona dependiente en los centros provinciales fue en 2024 de 2.378,75 euros, mientras que los usuarios abonaron como máximo 1.390 euros.

De acuerdo con las previsiones de la Diputación, el nuevo modelo permitirá a los ayuntamientos ahorrar cantidades importantes a medio plazo. En algunos casos, como el de A Fonsagrada, el ahorro acumulado hasta 2029 podría situarse en torno a los 1,7 millones de euros, mientras que en Ribadeo --donde se encuentra el centro con mayor número de plazas-- superaría los 2,2 millones.

En la actualidad, la red provincial de residencias cuenta con nueve centros en funcionamiento de los 18 previstos en el proyecto inicial. Los de Trabada, Pol y Ribadeo comenzaron a operar en 2019; posteriormente se abrieron los de A Fonsagrada en 2020; Castroverde, Meira y Pedrafita do Cebreiro en 2021; Navia de Suarna en 2022; y Ribas de Sil en 2023. Además, la Diputación trabaja en la puesta en marcha de nuevos centros, con proyectos en marcha en Becerreá, Guitiriz, A Pobra do Brollón y A Pontenova, así como en otros municipios como Portomarín, Ourol, Cervantes, Folgoso do Courel y Pantón.