El inventario de instalaciones de residuos mineros del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) —elaborado por primera vez en 2012 y actualizado por última vez en 2022— clasifica cuatro emplazamientos gallegos como "peligrosos" a nivel medioambiental. Se trata de tres presas y una escombrera, todas en terrenos abandonados, que llevan años en el punto de mira de organizaciones ecologistas. Lo que el inventario no recoge, según reconoce el propio Ministerio, son obligaciones concretas de restauración ni protocolos ante posibles desbordamientos.

Dos de estas instalaciones se encuentran en los terrenos de la antigua explotación de Monte Neme, en el municipio coruñés de Carballo: una presa y una escombrera. El enclave ya sufrió un grave colapso en 2014 y protagonizó un nuevo episodio el pasado 31 de enero de 2026, cuando la rotura de una balsa liberó una lengua de agua, piedras y lodos que cortó la carretera entre Malpica y Carballo y llegó hasta la costa. Las otras dos instalaciones clasificadas como peligrosas son una presa en Touro, antigua mina de cobre que Cobre San Rafael aspira a reabrir, y otra en Rubiais, en Pedrafita do Cebreiro.

El inventario fue de creación obligatoria a raíz de una directiva europea de 2006, transpuesta mediante real decreto en 2009. Recoge aquellos emplazamientos con "un impacto medioambiental negativo grave" o que puedan convertirse, a corto o medio plazo, en una amenaza para la salud pública o el entorno natural. Sin embargo, fuentes del Ministerio consultadas reconocen que la normativa comunitaria que regula este inventario "no recoge otras obligaciones para con él", lo que deja sin respaldo legal la exigencia de restauración o la activación de protocolos de emergencia.

El riesgo que señalan los ecologistas

Para Ecoloxistas en Acción, el problema no es solo documental. Su portavoz, Cristóbal López, advierte de que los componentes almacenados en estas instalaciones, especialmente en la minería metálica, "son contaminantes" y se van acumulando con el paso del tiempo. Además del impacto sobre suelos y acuíferos, señala que la acumulación de líquido representa el otro gran peligro, ya que una posible rotura podría desencadenar una avalancha con consecuencias mortales, como ocurrió en Brumadinho (Brasil) en 2019, donde el colapso de una balsa causó 270 víctimas.

López también subraya que en Galicia, dada su densa red de ríos y regatos, "la contaminación acaba distribuida por toda la zona hasta el mar". Es un diagnóstico que comparte la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non, que en febrero de 2026 trasladó a varios departamentos de la Xunta su inquietud por el efecto de los fenómenos meteorológicos "cada vez más agresivos" sobre las balsas de residuos y las antiguas cavidades inundadas con aguas contaminadas. En su escrito, el colectivo reclamaba una inspección técnica "oficial e inmediata" y el cese de los vertidos al dominio público hidráulico más allá de lo autorizado.

La contaminación del entorno de Touro no es nueva. Las balsas de Bama, Vieiro y Angumil llevan décadas vertiendo aguas con metales pesados que acaban en el río Ulla —el segundo más caudaloso de Galicia— y de ahí en la ría de Arousa, afectando a bancos marisqueros y a la actividad pesquera. La plataforma vecinal denuncia que algunos de estos ríos llevan "degradados ya desde hace 40 años" y que el proyecto de restauración vigente "no tiene por objetivo la mejora en la calidad de las aguas" sino, en realidad, preparar el terreno para la reapertura de la explotación.

Monte Neme: el ejemplo más reciente

El caso más reciente y mediático es el de Monte Neme. Ecoloxistas en Acción presentó el 2 de febrero una denuncia penal ante los juzgados de Carballo por posibles delitos ecológicos vinculados al colapso, apuntando tanto a cargos de la administración autonómica como a las empresas de la UTE MONTENEME, responsables de los trabajos de restauración. La organización sostiene que lo sucedido no es un hecho aislado sino la consecuencia de décadas de abandono, falta de control y actuaciones administrativas irregulares, a pesar de que la peligrosidad de las balsas del Monte Neme está documentada en múltiples inventarios oficiales desde finales de los años 90.

Desde la Xunta, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, atribuyó el colapso de enero a la "acción combinada" de las lluvias acumuladas durante un período prolongado y un episodio de precipitaciones intensas. Por su parte, el alcalde de Malpica de Bergantiños, Eduardo Parga, explicó que el colapso se originó a través de una antigua galería minera que no se habría detectado previamente. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, descartó que el vertido hubiera provocado contaminación alguna, una afirmación que Ecoloxistas en Acción cuestionó recordando que, tras el incidente de 2014, Augas de Galicia sí certificó la peligrosidad de las sustancias liberadas.

La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana denunció que el plan de restauración aprobado por la Xunta en 2014 para regenerar los daños causados por décadas de actividad extractiva en Monte Neme acumula más de diez años de retraso. Los trabajos en curso, licitados en 2025 con fondos europeos Next Generation y un presupuesto cercano al millón de euros, estaban en ejecución cuando se produjo el colapso de enero. El Gobierno gallego los desvinculó como causa de la rotura, aunque Ecoloxistas en Acción sostiene lo contrario.

Empresas que quiebran y se marchan

El portavoz de Ecoloxistas en Acción apunta a una dinámica estructural que se repite en el sector: las empresas que explotan los recursos crean filiales ad hoc con capital mínimo para el proyecto, y cuando este termina, la filial quiebra antes de ejecutar la restauración. "Te das cuenta del desastre que es la minería; de cómo deja atrás su contaminación y se marcha sin restaurar", señala Cristóbal López, que insta a que se recuperen los espacios abandonados antes de plantearse abrir nuevas explotaciones.

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) defiende, no obstante, que desde 2009 la normativa de construcción, vigilancia y clausura de estas instalaciones "es muy restrictiva" y que, bien rehabilitadas, pueden integrarse en el entorno natural como prados o montes. El organismo sectorial también sostiene que las instalaciones con mayor riesgo potencial están sometidas a controles reforzados, y que para evaluar el riesgo de desbordamiento se analizan variables como la capacidad disponible, el estado del drenaje y la previsión meteorológica.

Por su parte, Ecoloxistas en Acción, junto a una treintena de organizaciones ambientalistas de España y Portugal, ha puesto en marcha el Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB), una plataforma digital con un mapa que recoge evidencias de vulneraciones de derechos sociales y medioambientales en cada caso. La herramienta busca dar visibilidad a un problema que, según estos colectivos, lleva demasiado tiempo normalizado: el de una industria que se lucra del territorio y lo abandona sin rendir cuentas.