Lanzan una iniciativa legislativa popular para crear áreas de restauración ecológica como figura de protección ambiental

Colectivos ecologistas han lanzado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear Áreas de Restauración Ecológica como nueva figura legal con el objetivo de establecer un marco jurídico específico para impulsar la recuperación de ecosistemas degradados y garantizar que los espacios restaurados cuenten con un régimen de protección que evite su deterioro en el futuro.

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Archivo - Decenas de personas tras una pancarta en una concentración contra la multinacional Altri, convocada por la plataforma Ulloa Viva, Ecologistas en Acción y Greenpeace, frente al Congreso de los Diputados.

Colectivos ecologistas han lanzado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear Áreas de Restauración Ecológica como nueva figura legal con el objetivo de establecer un marco jurídico específico para impulsar la recuperación de ecosistemas degradados y garantizar que los espacios restaurados cuenten con un régimen de protección que evite su deterioro en el futuro.

Tal y como ha destacado Ecoloxistas en Acción en una nota de prensa, la iniciativa ha sido admitida a trámite por el Parlamento de Galicia y se trata de la primera vez a nivel mundial que se propone una nueva categoría de espacio protegido orientada específicamente a la recuperación funcional de ecosistemas degradados.

Así, detalla que si la propuesta sale adelante, cada una de estas áreas contará con un Plan de Restauración Ecológica vinculante, en el que se definan los objetivos ambientales, las actuaciones necesarias, los indicadores de seguimiento y el régimen de usos permitidos o limitados.

Además, la propuesta apuesta por la participación social en la restauración de la naturaleza. En este sentido, la iniciativa permitiría que la declaración de estas áreas pudiera partir no solo de la Administración autonómica, sino también de las entidades locales, de las personas propietarias de los terrenos, de las comunidades de montes vecinales en mano común, de las entidades de custodia del territorio o de las cofradías de pescadores y pescadoras en el ámbito marino.

También prevé mecanismos para facilitar la puesta en marcha de estos proyectos, como la prioridad en el acceso a fondos públicos destinados a la restauración ecológica, a la conservación de la biodiversidad o a la adaptación al cambio climático, así como incentivos fiscales asociados a la adquisición de terrenos o a las donaciones destinadas a la restauración ambiental.

La propuesta cuenta con el respaldo de numerosas entidades ambientalistas y conservacionistas (Asociación Galega de Custodia do Territorio, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, Asociación Senda Nova, Ecoloxistas en Acción, Fundación Montescola, Fundación Naiterra, Greenpeace y Verdegaia), así como de varias comunidades de montes vecinales en mano común integradas en la Red de áreas conservadas por comunidades locales.

En definitiva, los ecologistas sostienen que la aprobación de esta ley permitiría que Galicia disponga de una herramienta "innovadora y eficaz" para afrontar los retos ambientales actuales y futuros, proteger su patrimonio natural, reforzar la participación ciudadana y garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica a largo plazo.

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