Los acusados de coaccionar a una docente en Ourense defienden "consenso" entre padres por la "inacción" del centro

La denunciante culpa a ambos progenitores de "amenazas" y "difamaciones" por no aprobar a su hijo en matemáticas

Los dos progenitores acusados de un delito leve de coacciones tras encabezar diversas protestas contra la "forma de impartir la asignatura" de matemáticas de una docente y contra la "inacción" al respecto del equipo direcivo del IES As Lagoas, en Ourense, han señalado que las decisiones tomadas se realizaron con "consenso" entre padres de varios alumnos.

Así lo han trasladado ambos inculpados en el juicio celebrado este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, en el que la denunciante ha manifestado que los acusados la "amenazaron" y "difamaron" por no aprobar a su hijo en dicha asignatura.

En esta línea, los progenitores han insistido en que "en ningún caso" coaccionaron o acosaron a la denunciante y han explicado que cerca de una veintena de padres de dicho centro se agruparon en un movimiento denominado 'Derecho a Aprender Matemáticas', con el objetivo de "denunciar" la situación.

Por su parte, la querellante ha recalcado que a raíz del suspenso del hijo de los denunciados, estos "organizaron unas maniobras de acoso y derribo" para "intentar apartarla" de la docencia, realizando "difamaciones y acusaciones que no eran ciertas" a la dirección.

EL RELATO DE LOS ACUSADOS
En este sentido, la acusada ha desgranado que los hechos comenzaron cuando el 11 de diciembre de 2024, la docente añadió temario "sin explicar y sin previo aviso" a un examen previsto para el día siguiente, llegando los alumnos a plantear a través de un grupo de WhatsApp "dejar el examen en blanco".

Así las cosas, alumnos y padres implicados crearon un grupo conjunto en el que explicar lo que ocurría en la materia, llegando a manifestar los alumnos que "no hacían preguntas por miedo" o que la profesora les había señalado que "parecían retrasados" o que "se negaba a resolver dudas".

Por ello, según ha relatado, alumnos y padres se reunieron con el equipo directivo del centro para trasladar las quejas sobre la docente.

Tiempo después, los acusados recibieron el 7 de febrero de 2025 una notificación en la que se les informaba de que a su hijo se le había puesto un parte por mala conducta, por lo que acudieron de nuevo al centro para mantener una reunión con el equipo directivo.

Así, la mujer ha explicado que varios padres decidieron interponer denuncia a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, manteniendo varios encuentros con un inspector.

En esta línea, el 24 de febrero de ese mismo año, el conjunto de padres llevaron una pegada de carteles y esquelas en los alrededores del centro que manifestaban, entre otras cosas, 'Durante el curso 2024/2025 ha fallecido D. Derecho a Aprender Matemáticas -DEP-'.

Asimismo, progenitores y alumnos encabezaron manifestaciones cada miércoles durante el recreo frente a la puerta principal del Instituto, llevando a cabo la primera el 26 de ese mismo mes y llegando a trasladar su apoyo --tal y como ha explicado la inculpada-- antiguos alumnos.

EL RELATO DE LA DENUNCIANTE
Por su parte, la querellante ha relatado que, tras la reunión mantenida entre alumnos, padres y dirección, el equipo directivo mantuvo un encuentro con ella para trasladarle las quejas, y esta señaló que "iba a intentar cambiar ciertas cosas".

Así, la dirección respondió a progenitores y estudiantes que "todo era correcto", ante lo cual estos "no estuvieron de acuerdo" y "siguieron organizando situaciones de acoso". Del mismo modo, la docente ha explicado que, a raíz de otro suspenso, los acusados se presentaron de nuevo en el instituto "amenazando" y solicitando, entre otras cosas, que "querían ver los exámenes de su hijo hasta la fecha".

"Yo me sentía amenazada y presionada", ha recalcado en juicio, y ha desgranado que los denunciados "publicaron insultos y difamaciones en redes" y que el centro "apareció empapelado con esquelas de muerte a las matemáticas", además de organizar manifestaciones.

Ante esta situación, la profesora ha lamentado sufrir "ataques de ansiedad" que la llevaron a solicitar finalmente una baja porque se encontraba en un "estado lamentable", retirándose finalmente de la docencia por "estrés post-traumático".

PRUEBA TESTIFICAL
En esta línea, al juicio ha sido llamada a testificar la directora del centro en el momento de los hechos, que ha corroborado que "bastantes padres" acudieron a ese primer encuentro con el equipo directivo trasladando quejas con respecto a la denunciante.

Ha señalado que, tras el parte de incidencias del hijo de los acusados, estos se presentaron en el centro "uniformados" --ya que ambos eran policías nacionales-- para mantener un nuevo encuentro, en el cual manifestaron un "tono imperativo, ostigador y amenazante".

Ante las denuncias ante Educación, la directora elaboró un informe en el que apuntaba a los progenitores por "atacar al centro y a la profesora", así como por publicar el nombre de la docente en publicaciones en redes sociales, "aunque después se eliminaron".

En esta línea, la directora ha incidido en que "sí que hubo una situación de hostigamiento" con la intención de que esta "dejase de dar clase".

También ha sido llamada a testificar la tutora del hijo de los acusados, que ha destacado que "unos ocho padres solicitaron una tutoría" ante la situación con la asignatura de matemáticas y ha explicado que "más del 50% de los padres estaban implicados".

En este sentido, la tutora ha subrayado que le comunicó a la jefa de estudios la situación y que estuvo presente en la concentracíçon organizada por el movimiento de padres y alumnos, llegando incluso a "bajar unos cuantos profesores".

Además, han testificado también otras dos madres de dos alumnos del centro, que han ratificado la versión de los acusados, insistiendo en que los actos públicos organizados "se hablaron y decidieron entre todos", eligiendo a la acusada como portavoz del movimiento.

En esta línea, ambas progenitoras han explicado que dicho movimiento se desarrolló "de común acuerdo" porque "todos los padres eran competentes para tomar esa decisión" y que las actuaciones llevadas a cabo "fueron consensuadas por todos".

SOLICITUD DE CONDENA
Así las cosas, el letrado de la acusación ha solicitado 90 días de multa a razón de 10 euros diarios, así como el pago de una indemnización de 6.000 euros al considerar que las soluciones propuestas por los acusados ante la situación "consistieron solo en ataques al centro y a la docente", apuntando al informe "claro y contundente" emitido por la dirección del instituto.

Por su parte, el letrado de la defensa ha solicitado la libre absolución, al reiterar que todos los progenitores "participaron de forma libre y voluntaria" en las actuaciones llevadas a cabo y al señalar que "en ningún momento se ha acreditado" que ambos acusados "fueron los organizadores".

Además, la defensa ha sostenido que, a pesar de que los actos puedan ser "hirientes, jocosos o vejatorios", esas conductas "están despenalizadas" y "no hubo ni un solo contacto de los denunciados con la denunciante".