El Defensor del Pueblo recibió 1.536 quejas en Galicia en 2025, un 21,04% más que en 2024

En el ámbito de las políticas sociales, una de las principales quejas son los retrasos en el reconocimiento y revisión del grado de discapacidad

El Defensor del Pueblo ha tramitado un total de 1.536 quejas procedentes de Galicia durante 2025, lo que supone un aumento del 21,04%respecto a 2024 y representa el 4,21 por ciento del total nacional.

De esta forma, las quejas procedentes de la Comunidad representaron en 2025 un 4,02% del total nacional (38.144). Asimismo, un total de 145 reclamaciones fueron presentadas a través del Valedor do Pobo.

Y es que, Galicia sale mencionada en diversos ámbitos de dicho informe. En concreto, en el área educativa el Defensor del Pueblo formuló un recordatorio de deberes legales a la Consellería de Educación para que avise a los centros educativos de su ámbito de gestión del deber de aplicar los protocolos específicos de actuación ante casos de acoso escolar y violencia de género.

También en materia educativa, el documento destaca que la Comunidad gallega se encuentra entre aquellas que constatan en sus informes las medidas concretas destinadas específicamente al alumnado gitano.

ÁMBITO SANITARIO
En materia sanitaria, el informe destaca que la Consellería de Sanidade atendió la recomendación realizada para publicar una norma autonómica reguladora de la tramitación de las reclamaciones sanitarias y señaló que se valoraría la necesidad de actualizar o redactar dicha norma.

En este sentido, la Xunta aclaró al Defensor del Pueblo su propósito de analizar el funcionamiento del procedimiento interno existente y de estudiar la adopción de posibles medidas que mejoran su transparencia.

POLÍTICAS SOCIALES
En cuanto a las política sociales, una de las principales quejas recibidas se debe a retrasos en los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad.

Por ello, el Defensor del Pueblo hizo varias recomendaciones a las comunidades autónomas. Ante esto, Galicia refirió que realizó medidas adicionales de contratación o creación de nuevos equipos multiprofesionales de valoración.

El Defensor del Pueblo también recomendó habilitación de los correspondientes permisos de consulta para los técnicos integrantes de los equipos multiprofesionales, para que puedan acceder a los datos clínicos, sociales y educativos necesarios para llevar a cabo la labor de calificación y reconocimiento de la discapacidad. Ante esto, la administración autonómica replicó que tiene previsto el acceso a los datos sanitarios y sociales.

La institución destaca que la Xunta explicó que permite una composición más flexible de los equipos, que en el área sanitaria están integrando a fisioterapeutas, personal de enfermería o de terapia ocupacional, a la vez que está explorando la posibilidad de introducir mentorías retribuidas del personal valorador jubilado, para acelerar el proceso de formación de los nuevos efectivos que se incorporen.

Otras de las recomendaciones pasa por la emisión de una comunicación en la que se informe a la persona solicitante sobre el tiempo estimado para su valoración y la resolución del expediente, así como de las prestaciones económicas que de las que se pueden beneficiar.

Sobre el tiempo de valoración, la Xunta rechazó la recomendación al entender que podría crear falsas expectativas y un efecto pernicioso produciéndose un cúmulo mayor de tareas administrativas al personal por la elaboración de estas comunicaciones.

En cuanto a las ayudas, el Ejecutivo gallego remarcó que es imposible en el momento inicial reflejar todas aquellas ayudas, sin un estudio pormenorizado, que supondría de un tiempo y efectivos adicionales.

La Consellería de Política Social aceptó la recomendación del Defensor del Pueblo para que en los supuestos de revisión de los grados de discapacidad que no tengan carácter permanente, y mientras se mantenga la grave situación de retraso actual, se realice una resolución administrativa, al inicio del expediente, ratificando la continuidad de vigencia del grado de discapacidad previamente reconocido hasta la emisión de nueva resolución.

La Xunta, en otras recomendaciones, remarcó que tras la aplicación de sus normas de simplificación administrativa procedieron a la resolución de más de 6.000 expedientes iniciales de discapacidad por un sistema de homologación.

Asimismo, uno de los asuntos más destacados es la tardanza en resolver los procedimientos, en los casos de fallecimiento de las personas solicitantes de la cobertura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cuando han transcurrido más de seis meses.

El Defensor del Pueblo cursó una recomendación sobre este asunto para la comunidad gallega, que indicó que la tomaba en consideración, pero para poder asumirlas necesitaba que el Estado cumpliera con la aportación del 50% del coste de la dependencia.

Finalmente, otro de los asuntos más denunciados por los ciudadanos se debe a la demora en adjudicar los servicios reconocidos en el programa individual de atención (PIA).

MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
La institución también tuvo que enviar un recordatorio de deberes legales a Galicia, ya que en 2022 se fijó un plazo de un año para la elaboración por los ayuntamientos españoles de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada.

Tras examinar todas las respuestas recibidas por las administraciones involucradas en las actuaciones, el Defensor del Pueblo tuvo que recordar el contenido de los preceptos legales que establecen las citadas obligaciones y la importancia de proceder a su cumplimiento, como ocurrió en el caso de Galicia.

OTROS ASUNTOS
Los centros penitenciarios de Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra) figuran ente los 15 que albergaban un mayor número de personas privadas de libertad a finales del 2025, por ello el Defensor del Pueblo solicitó información acerca de la cobertura de personal facultativo.

La institución también dirigió una sugerencia, que fue aceptada, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, para que se restablezca la totalidad de los servicios a los mutualistas en Pontevedra y se ofrezca información al colectivo de la posibilidad de acudir al Servizo Galego de Saúde ante la falta de centros concertados en la zona.