El Congreso da luz verde definitiva a la Ley de Economía Social

El pleno del Congreso ha rechazado este jueves la mayor parte de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado al proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social, dando así la aprobación definitiva al texto tal y como salió del Congreso antes de ser remitido a la Cámara Alta.

El objetivo del texto es modernizar y mejorar el ecosistema legislativo del sector y para ello persigue combatir el intrusismo en las cooperativas clarificando qué empresas forman parte de la Economía Social, según informa el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De este modo, la nueva Ley consta de cuatro artículos que modifican las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas, según Trabajo.

El departamento de Díaz ha enfatizado que la nueva ley potenciará e impulsará fórmulas innovadoras de la Economía Social como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo.

En materia de vivienda en régimen de cesión de uso, ha indicado que la ley modificará la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas para reconocer por primera vez como especialmente protegidas a determinadas cooperativas de vivienda, en concreto, las de cesión de uso, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos.

La nueva normativa también presente adecuar y actualizar la Ley de Cooperativas y contempla la elaboración de planes de igualdad cooperativos o la puesta en marcha de una Comisión de Igualdad que impulse la conciliación y establezca el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos sociales.

Trabajo también destaca otros avances como el refuerzo de las causas de descalificación administrativa, para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores, lo que persigue proteger la identidad cooperativa frente a "usos instrumentales o fraudulentos, y combatir el intrusismo en las cooperativas al clarificar qué empresas forman parte de la Economía Social y cuáles no".

Por otro lado, la norma, en su artículo segundo, modifica la Ley para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, e incluye una definición de empresa de inserción "más adecuada y coherente con sus fines", según el ministerio.

En este punto, destaca que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas contribuirá a garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral. "La ley ordena mejor los itinerarios de inserción y los adapta a la lógica de la contratación indefinida tras la reforma laboral", añade Trabajo.

Además, en el tercer artículo se modifica la Ley de Economía Social para clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. También se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector y se eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

LA ECONOMÍA SOCIAL SUPONE EL 11% DEL PIB
En el debate, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha agradecido el respaldo de los grupos parlamentarios que "han entendido la importancia de la Economía Social" ayudando a sacar adelante esta norma, después de "un año y medio" de trabajos para aprobar una "ley importante, que quizás no hace tanto ruido como otras, pero que dice mucho sobre el país que se quiere construir".

Díaz también ha destacado que la nueva norma se ha hecho realidad "escuchando a las cooperativas, a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo de iniciativa social y a tantas entidades que llevan años demostrando que otra forma de hacer economía no solo es posible, sino necesaria".

Como ha defendido, la Economía Social "no es un rincón menor de nuestro sistema productivo, sino una parte decisiva de la economía española; un modelo que pone en el centro a las personas, al trabajo digno, al arraigo territorial y al interés general".

Trabajo señala que las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman el ecosistema de la Economía Social en España generaron una cifra de negocios del 11,1% del PIB en cada uno de los años del período 2019-2023.

El tejido productivo de la Economía Social española está constituido por un total de 127.532 empresas y entidades, de las que dependen 2.250.389 empleos directos e indirectos, y que dejan un total de 169.691 millones de euros de facturación, según los últimos datos del sector aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).