La asociación Salvemos Pontevedra pone fin a su actividad y presenta un ensayo sobre la degradación del litoral
Tras más de dos décadas de activismo en defensa del litoral, la Asociación Salvemos Pontevedra ha anunciado su disolución, poniendo fin a 23 años de actividad continuada. La entidad escenificó su cierre este jueves con la presentación de un ensayo titulado 'Viaje al centro de la codicia política', concebido como el legado final de su trayectoria.
Durante una comparecencia en la Casa das Campás, el presidente del colectivo, Francisco Díaz, explicó que la obra recoge de forma detallada el entramado administrativo que, a su juicio, permitió la degradación de las marismas de Lourizán y de otros espacios protegidos bajo figuras como la Red Natura 2000 o el convenio RAMSAR.
El libro pretende además servir como base documental para instar a la Fiscalía, tanto en materia de Medio Ambiente como de Anticorrupción, a actuar de oficio ante posibles irregularidades vinculadas a la presencia de la empresa Ence y de la depuradora de Placeres en la ría.
El volumen no estará disponible en el circuito comercial, sino que será distribuido gratuitamente entre universidades, bibliotecas y organismos públicos con el objetivo de facilitar su consulta como documento de carácter histórico y jurídico.
Díaz subrayó que la desaparición de la asociación no implica una renuncia a sus postulados, sino una transformación de su labor en un legado documental. "Deja de ser una sigla para convertirse en memoria colectiva y prueba de cargo", afirmó.
La decisión, según explicó el portavoz, responde tanto a la edad de sus integrantes como a la complejidad de los procesos judiciales en curso, que exigirían retomar procedimientos ya abordados incluso ante el Tribunal Supremo.
El colectivo considera concluida su etapa operativa tras años de movilización contra lo que califican como deterioro del litoral.
En el balance final de su actividad, la asociación recordó que su origen se remonta a 2003, cuando surgió en oposición a un proyecto de ampliación industrial sobre terrenos marítimos.
También destacó lo que considera un trato desigual en la aplicación de la normativa ya que, según señalaron, mientras otras empresas fueron objeto de órdenes de cierre tras resoluciones judiciales firmes, la concesión a Ence fue prorrogada durante 60 años por el Gobierno de Mariano Rajoy, una decisión que el colectivo califica de agravio comparativo.
El acto concluyó con una reflexión sobre la evolución ambiental de la ciudad en la que advirtieron de la pérdida de sensibilidad hacia el entorno natural, recordando que en el pasado la línea de costa alcanzaba el núcleo urbano. A su juicio, la priorización de intereses particulares ha tenido consecuencias sobre el patrimonio natural y sobre las generaciones futuras.
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