Acusada de blanquear casi 90.000 euros en Ourense niega conocimientos informáticos y dice que no recibió dinero

La acusada de un delito de blanqueo de capitales tras percibir una transferencia bancaria de 89.553,85 euros en Ourense ha negado tener conocimientos informáticos y ha señalado que no se ha beneficiado "en nada" ni ha obtenido dinero tras los hechos.

Así lo ha trasladado al final del juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense en respuesta a las preguntas de su letrado, y ha insistido además en no ser autora de los hechos.

En este sentido, también la víctima ha subrayado que no recuperó el dinero tras efectuar la transferencia, y ha manifestado no conocer a la acusada "de nada".

RELATO DE LOS HECHOS DE LA VÍCTIMA
En este sentido, el denunciante ha señalado que, tras vender la farmacia de la que era propietario, contactó con una empresa distribuidora de medicamentos para pagar una deuda, la cual le manifestó que le enviaría un correo señalando cómo y a dónde efectuar el pago.

Así las cosas, el denunciante ha explicado que corroboró inicialmente que el cuerpo del e-mail contaba con el mismo número de cuenta bancaria que el que se incluía en el certificado adjunto, y dos días después de recibirlo se personó en su banco para efectuar la transferencia, mostrando a la entidad el número de cuenta que se encontraba en el cuerpo del correo.

Sin embargo, la víctima ha desgranado que, a los 10 o 15 días de realizar la transferencia, este recibió una llamada de la empresa en la que le comunicaban que no habían recibido el pago, indicando este que sí había pagado y mandándoles el justificante de pago.

Es entonces cuando, según ha relatado, la empresa le indicó que los números de cuenta no coincidían, pidiéndoles el denunciante que le reenviasen el correo y procediendo así a comprobar de nuevo ambos números, ratificando que el número de cuenta al que se había realizado el pago pertenecía a una entidad bancaria distinta a la de la empresa.

MULA BANCARIA
Asimismo, al juicio han sido llamados a testificar los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo el atestado, que han explicado que el caso parece responder a la estrategia de uso de "mulas bancarias", de tal forma que se crean varios productos bancarios que reciben dinero y desde los cuales se puede mover ese dinero para vaciar las cuentas automáticamente, quedándose los ejecutores con parte del dinero como comisión.

Tal y como han señalado el instructor y la secretaria del atestado, la acusada era titular de la cuenta que recibió los caso 90.000 euros, llegando estos a ratificar que la inculpada poseía cerca de otras ocho cuentas.

Asimismo, han explicado que la denunciada extrajo pequeñas cantidades de dinero de cajeros, y efectuó dos envíos de dinero a otra cuenta bancaria en Bélgica por valor de 70.000 euros, así como envíos a una cuenta española por valor de 18.000 euros.

En cuanto al engaño efectuado a través del correo electrónico, el agente de la Guardia Civil que realizó un informe informático ha desgranado que, para llevar a cabo la estafa, terceras personas utilizaron reglas en el e-mail para que aquellos correo que incluyesen en el remitente ciertas palabras clave se desplazasen automáticamente a una carpeta concreta, desapareciendo de la bandeja de entrada de la víctima.

En este sentido, los agentes de la Comandancia han ratificado que el correo "comprometido" procedía de diversas IP que no eran de la península.

SOLICITUD DE CONDENA
Por todo ello, el representante del Ministerio Fiscal ha considerado probados los hechos, al señalar que la acusada era la única titular de la cuenta que percibió el dinero, teniendo esta "pleno poder de disposición y movimientos".

En este sentido, Fiscalía no ha considerado acreditada su intervención en la estafa a través de manipulación informática, acusando a la denunciada de un delito de blanqueo de capitales, y solicitando para ella una pena de dos años de prisión, el pago de una multa de 100.000 euros y de una indemnización de 89.553,30 euros.

Por su parte, la letrada de la acusación ha interesado una condena de cinco años de prisión, así como el pago de una multa de doce meses a razón de 10 euros diarios, y de una indemnización en la misma cantidad que Fiscalía, por un delito de estafa, al considerar que la inculpada era "plenamente conocedora del carácter fraudulento" de los hechos, señalando que esta no mostró un "carácter pasivo", sino como "parte de un entramado para llevar a cabo el engaño".

Así, el letrado de la defensa ha solicitado la libre absolución de su representada al sostener que "nada acredita" la participación "directa o indirecta" de esta en los hechos descritos.