El PP de Vigo propone bonos mensuales y anuales de bus urbano y critica la "subida desproporcionada" de precios

El BNG plantea una enmienda a la totalidad de la ordenanza de tarifas, que ve como "un traje a medida" del nuevo contrato privado

El grupo municipal del PP de Vigo ha propuesto la implantación de un bono mensual de 20 euros y un bono anual de 200 euros, con viajes ilimitados, para el bus urbano para aplicar en el nuevo contrato del servicio, y ha reclamado al Ayuntamiento que encargue una auditoría para analizar los costes operativos que tendrá la empresa que asuma la concesión, "ante la subida desproporcionada" que establece la nueva ordenanza de tarifas.

Según ha señalado Luisa Sánchez, presidenta del PP vigués y portavoz municipal 'popular', la ordenanza "presenta para la tarifa técnica del billete, la no bonificada, un nuevo precio de 2,04 euros frente a los 1,63 euros actuales", lo que supone un incremento de más del 25%.

En una rueda de prensa, la portavoz del PP ha informado de las enmiendas presentadas por su grupo a la ordenanza que regula los precios del bus urbano, una ordenanza cuya "única novedad" es esa subida de 41 céntimos para un servicio que "apenas se modificará con la nueva concesión". "Va a ofrecer lo mismo que hasta ahora, con las mismas rutas, las mismas frecuencias y el mismo número de autobuses por lo que vamos a pagar mucho más por prácticamente lo mismo", ha resumido.

Por ello, en sus enmiendas, el PP pide una auditoría para analizar los costes operativos del servicio y comprobar si se ajusta a la realidad esa nueva tarifa ordinaria de 2,04 euros.

Otra de las propuestas es la implantación de un bono mensual con viajes ilimitados por una tarifa plana de 20 euros y otro bono anual, también sin límite de viajes, por 200 euros, con el objetivo de aumentar el número de usuarios del transporte público y reducir el uso del vehículo privado. Al respecto, el PP ha recordado que los bonos son una "práctica común" en las grandes ciudades y "van en consonancia con lo que está demandando la Comisión Europea, que es fomentar cada vez más el uso del transporte público abaratando su precio".

Igualmente, el PP plantea que las bonificaciones se mantengan en caso de pérdida de ayudas estatales, y que el bus sea gratis el 22 de septiembre, Día Europeo sin Coches. También ha propuesto la creación de una tarjeta PassVigo Turística, que podría financiarse con cargo a lo recaudado con la tasa turística, o la congelación del precio del bus turístico, entre otras medidas.

Finalmente, Luisa Sánchez ha explicado otra enmienda, encaminada a instar al gobierno local a que el Ayuntamiento se sume al plan de transporte metropolitano de la Xunta, para poder abaratar el precio de los billetes de trayectos interurbanos. "Caballero debe abandonar ya su negacionismo político y sumarse al consenso de esta iniciativa en la que figuran todos los ayuntamiento del área menos Vigo", ha remarcado.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD
Por su parte, el grupo municipal del BNG ha presentado una "enmienda a la totalidad" a esa ordenanza de precios, y ha pedido devolver el texto "e impedir que se blinde una nueva privatización que va a hipotecar un servicio esencial para la ciudad".

El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha remarcado que se trata de algo más que un debate de tarifas, porque lo que está en juego es el modelo de gestión del transporte público. Al respecto, ha apuntado que la ordenanza no responde a criterios sociales, ambientales ni de accesibilidad universal, "sino que es un traje a medida de un nuevo contrato privatizado decidido por Abel Caballero, sin debate público real ni análisis de alternativas".

Así, el concejal del BNG ha criticado que se subordina el interés general "a las lógicas de rentabilidad empresarial", con un modelo que supone un aumento del 90% del coste del servicio y una subida del precio del billete, sin aumentar el número de buses, ni de frecuencias, y sin mejorar los horarios ni el mapa de líneas. "El modelo de bus de Abel Caballeor es el tipo de la estampita", ha concluido.

Para el BNG, la enmienda a la totalidad está justificada porque se vulneran los principios de buena regulación, porque no hay un análisis comparado entre gestión pública y privada, o porque el proceso de consulta estuvo "viciado", limitando la participación de los ciudadanos a opinar sobre tarifas "dentro de una decisión ya tomada".

Por todo ello, los nacionalistas han vuelto a insistir en la necesidad de remunicipalizar el servicio de bus, creando una empresa pública para ofrecer "un modelo más eficiente, con control democrático, tarifas justas y orientación social".