El Gobierno aprueba 1.170 millones para programas de lectura, Matemáticas, educación inclusiva, abandono escolar y FP

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la distribución y los criterios de reparto de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de Formación Profesional para personas trabajadoras por un valor de más de 1.170 millones de euros.

Se trata del Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de refuerzo de la Competencia Matemática, Programa de Educación Inclusiva, Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+); y Formación Profesional para personas trabajadoras en el ejercicio 2026.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta inversión "refleja en cifras el valor que este Gobierno le da a la educación y a la Formación Profesional".

Los programas de refuerzo de la Competencia Lectora, cuyo importe asciende a 56,2 millones de euros, y el de refuerzo de la Competencia Matemática (120,6 millones de euros), cuya distribución territorial y criterios de reparto fueron propuestos en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación -al igual que el resto de los programas incluidos en este paquete presupuestario-, se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias, y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje (en el caso de la lectura, en distintos soportes).

Ambos programas tienen como objetivo mejorar el nivel de desempeño del alumnado de segundo ciclo de educación Infantil (solo en el caso del de lectura), Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico.

Otro de los programas, el de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+), con un presupuesto de 105,9 millones de euros (cofinanciados por el Ministerio y el Fondo Social Europeo Plus), responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa. Serán las comunidades las que seleccionen aquellos centros que por sus características y vulnerabilidad del alumnado deban formar parte de PROA+.

El objetivo de dicho programa es impulsar una transformación progresiva de los centros basada en la generación de expectativas positivas para todo el alumnado y en la consolidación de un clima escolar inclusivo, para que todo el alumnado alcance el éxito educativo.

Por otra parte, el Programa de Educación Inclusiva (cofinanciado también por el Fondo Social Europeo Plus), dotado con 28,7 millones, tiene por objeto impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos. De esta manera, persigue identificar y eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que puedan dificultar que todo el alumnado acceda en igualdad de oportunidades al sistema educativo, participe plenamente en la vida escolar y desarrolle su aprendizaje en condiciones de equidad e inclusión.

El plazo de ejecución de los mencionados programas se extenderá desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS TRABAJADORAS
El Consejo de Ministros ha autorizado también la propuesta de distribución territorial de más de 867 millones de euros destinados a la Formación Profesional para personas trabajadoras en el ejercicio 2026.

La mayor parte de la financiación, 696,5 millones de euros, se dirigirá a iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados, mientras que 145,9 millones se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados.

Además, se reservan 24,8 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación. Estas actuaciones favorecerán la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.

El reparto, como en el resto de los programas, se realizará conforme a los criterios acordados por la Conferencia Sectorial. Desde 2021, el Gobierno ha transferido a las comunidades más de 4.000 millones de euros para este tipo de acciones.