Avirtuga

Varias sentencias recientes del TSXG, referidas a Santiago y Pontevedra, confirman que los ayuntamientos son competentes para dar o negar permisos  y que no basta con la licencia de la Xunta.

Avirtuga incide en que "las consecuencias económicas de impedir y reducir la oferta vacacional son incuantificables, tanto para los propietarios como para todo el sector económico gallego".