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Si la sentencia, que se dictará probablemente la próxima semana, fuera absolutoria el juez Marchena ya habría dejado a los acusados en libertad provisional, aputan fuentes judiciales. La cuestión que debaten estos días los magistrados es si aceptar el punto de vista de la Fiscalía, que los acusa de rebelión o quedarse con lo que pide la Abogacía del Estado, sedición.

El Tribunal cifra en 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la Empresa Municipal de la Vivienda.

Considera probada la amistad íntima entre dos de los vocales y varios aspirantes que se presentaron a la prueba.

Las acusaciones sospechan que tres de los procesados han alcanzado un acuerdo con Anticorrupción para 'tirar de la manta'.