#Claves de la semana

¿Quien puede estar interesado en comprar el Pazo de Meirás?

Los Franco ponen en venta la polémica finca de Sada, que tiene unos usos limitados tras cambiar el Concello el PGOM. La Xunta insiste en que no lo comprará.


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Pazo De Meirás


La Diputación de A Coruña sospecha que los herederos del dictador Francisco Franco quieren vender el Pazo de Meirás antes de que se pueda producir una eventual expropiación avalada por los distintos informes jurídicos que se están impulsando, uno de ellos del ente.


LA DIPUTACIÓN QUIERE QUE PASE A MANOS PÚBLICAS


Según adelantó 'OK diario', el Pazo de Meirás, lugar de veraneo de la hija del dictador, Carmen Franco, recientemente fallecida, se habría puesto a la venta. Con todo, la Xunta de Galicia, que declaró el inmueble Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011 tendría que estar informada de haberse puesto a la venta de forma oficial.

Sobre la posibilidad de que los nietos herederos pongan a la venta el Pazo de Meirás, que volvió a la polémica este verano a raíz de las visitas guiadas que gestiona la Fundación Francisco Franco, la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, considera que quieren "librarse de un bien conseguido de manera ilícita".


EL CONCELLO CAMBIÓ LOS USOS DEL INMUEBLE PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN


El alcalde de Sada, Benito Portela, ha subrayado que el Ayuntamiento "se anticipó" a una posible venta del Pazo de Meirás en la reforma del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), ya que en esta normativa se recogen restricciones de uso.


Concretamente, tal y como ha indicado a Europa Press, el plan general se publicó en octubre del pasado año 2017 y entró en vigor en diciembre, justo el mismo mes en que falleció la hija de Franco, Carmen Franco, lo que dejó en manos de sus herederos este bien de interés cultural (BIC) declarado así en 2011.


Benito Portela ha destacado que, en todo caso, la limitación de usos incluida en el plan municipal impide que se venda para "fines especulativos" el paz


La Junta Pro Devolución, impulsada por la Diputación de A Coruña, reclama que el inmueble "pase a ser bien de uso público". De hecho, ultima un informe jurídico con el que se pretende buscar una fórmula para que este bien pase a manos públicas.


"RAPIDEZ DE LOS HEREDEROS"


"Que apenas mes y medio después de la muerte de la hija del dictador, los hijos (nietos de Franco) decidan vender el Pazo, se explica con la voluntad de querer desprenderse de un bien que consiguieron ilícitamente y que está siendo reclamado social e institucionalmente", ha aseverado.

Sanmartín ha recordado que un equipo de juristas trabaja en un informe que abre caminos para el que Pazo de Meirás "deje de estar en manos de la familia Franco".

Por ello, sostiene que este trabajo "está en el origen de la rapidez de los herederos, que saben que hay vías legales que cuestionan la propiedad familiar".

También al paso de la repercusión de la noticia ha salido la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), que ha reclamado que el Pazo de Meirás pase "a manos públicas". Según la información de 'ok diario', los herederos la venderían por ocho millones de euros.


La comisión ha considerado que "lo que quiere es proteger lo que llaman su patrimonio, sin atender a la realidad social que mayoritariamente pide que se haga efectivo el paso al patrimonio público".

Al respecto, insiste en que la familia Franco disfruta "de un bien ilegítimamente conseguido en los tiempos de la dictadura". En todo caso, rechaza que se adquiera con dinero público lo que "ya pagó la ciudadanía gallega, expoliada en los negros tiempos del franquismo", por lo que pide que pase a manos del patrimonio público sin coste en las arcas públicas.


LA XUNTA INISISTE EN QUE NO LO COMPRARÁ


La Xunta de Galicia tiene derecho a comprar de forma preferente el Pazo de Meirás si los nietos de Franco, herederos de este bien declarado de interés cultural, lo ponen a la venta. Con todo, la Consellería de Cultura no tiene constancia de que se encuentre en esta situación, algo que es obligado por ley, y reitera que no va a invertir dinero público para incorporarlo al patrimonio gallego.


Concretamente, la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia obliga a la familia Franco a notificar a la Xunta de Galicia la intención de vender el Pazo, dada su condición de monumento protegido como Bien de Interés Cultural, pero no tienen "ninguna comunicación" oficial de esta situación. 


En todo caso, fuentes de la Consellería de Cultura han ratificado a Europa Press que, como ordena el mandato parlamentario y expresó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la Administración autonómica no tiene ninguna intención de pagar dinero por este inmueble.


De hecho, el acuerdo de los grupos parlamentario fue impulsar una comisión para estudiar la incorporación de este bien al patrimonio público y que preside el profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xosé Manuel Núñez Seixas.


PREFERENCIA PARA COMPRARLO 


Según recoge el artículo 49 de la Ley de Patrimonio gallega, "cualquier pretensión de transmisión" de las propiedades protegidas como Bienes de Interés Cultural debe ser comunicada a la Administración. La intención, apunta "deberá ser fehacientemente notificada a la consellería competente en materia de patrimonio cultural con indicación del precio y de las condiciones en las que se proponga realizar".


Del mismo modo, prosigue, llegado a un acuerdo, deberá "acreditarse también la identidad de la persona adquiriente", llegado el momento. Al tratarse de un BIC, la Xunta "dispondrá de un plazo de tres meses para ejercer el derecho de tanteo", esto es, tendrá preferencia para adquirir el bien al mismo precio que se haya acordado con un vendedor privado.

"Si la pretensión de transmisión y sus condiciones no fueren notificadas correctamente, se podrá ejercer, en los mismos términos previstos, el derecho de retracto, en el plazo de un año a partir de la fecha en la que se tenga conocimiento de las condiciones y del precio de la enajenación", finaliza la Ley de Patrimonio.


Sobre la posibilidad de que el Pazo de Meirás pase a manos públicas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya se pronunció el pasado mes de septiembre cuando rechazó una expropiación forzosa, así como de adquirir el bien con fondos públicos.


"Podemos expropiar o podemos comprar. Yo creo que los gallegos no estamos por la labor de pagar dos veces el Pazo de Meirás. Lo pagamos en el año 38 cuando lo donamos a la familia y estoy seguro de que en el año 2017 no estamos dispuestos a volver a comprar esa propiedad", indicó entonces, cuando llamó a los Franco a realizar una cesión "gratuita".


QUIEN LO COMPRE DEBERÁ SOPORTAR LAS CARGAS ACTUALES


El presidente de la comisión de expertos que analiza la incorporación al patrimonio público del Pazo de Meirás, Xosé Manuel Núñez Seixas, ha advertido de que si se vendiese el bien de interés cultural (BIC), los compradores tendrían las mismas "cargas" legales que las que tienen sus herederos actualmente, incluyendo si se declara nula la forma en que se adquirió el inmueble por parte de la familia Franco.


La comisión de expertos, nombrada en cumplimiento de un acuerdo del Parlamento de Galicia, se ha reunido ya en tres ocasiones para seguir avanzando en distintas líneas de trabajo con el fin de conseguir que la que fuera propiedad de Emilia Pardo Bazán se convierta en patrimonio público de Galicia.


Para ello, según las últimas informaciones recabadas por Europa Press, el grupo de trabajo compuesto por un total de 11 expertos --del mundo académico, jurídico y patrimonial--, y que se constituyó a finales de noviembre de 2017, se había marcado como horizonte "dos o tres meses" para alcanzar las conclusiones que puedan arrojar luz sobre esta propiedad, aunque una eventual puesta en venta del pazo podría acelerar los trabajos.


Las Torres de Meirás (como se conoce el inmueble y al que después se le añadieron otras fincas expropiadas por las que algunas se ha documentado que nunca se pagaron) nunca fue de titularidad pública. El edificio pasó de la familia Pardo Bazán a Francisco Franco como particular, después de que una comisión --de la que formaban parte sublevados del régimen-- recabase el dinero.

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