Un total de 22 entidades sociales constituyen la primera plataforma en defensa de los derechos de la infancia en Galicia

Rey Varela apunta la necesidad de "impulsar políticas" de "bienestar" de los menores y de "denunciar" la "vulneración" de derechos de los niños

La Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, integrada por 22 entidades sociales de la Comunidad, ha firmado su acta fundacional este miércoles en Santiago, con el objetivo general de "defender", "proteger" y "promocionar" los "derechos fundamentales" de la infancia, recogidos en la Convención sobre los derechos del niño de 1989.

Durante el acto de constitución de este organismo, en el Pazo de Fonseca de la capital gallega, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha explicado que la finalidad es "impulsar políticas generales y sectoriales", dirigidas a "incrementar el bienestar de la infancia", así como a "denunciar y realizar un seguimiento" de las situaciones de "vulneración" de los derechos de los menores.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de "sensibilizar" a la sociedad para garantizar el "conocimiento" y el "respeto" hacia los derechos de los niños gallegos que, tal y como ha apuntado la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Santiago, Concepción Fernández, son el "futuro" de la Comunidad y "un bien cada vez más escaso".

Fernández ha asegurado además que el pasado año 2017 uno de cada cinco niños gallegos se encontraban en riesgo de pobreza, algo que "no se puede permitir", porque ellos "serán los transmisores de valores" que permitan "avanzar" a la sociedad gallega.

Por su parte, el secretario general de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España, Santiago Domínguez Fernández, ha destacado el "trabajo en red" para "analizar la situación de los niños y adolescentes" de Galicia, en la línea de "mejorar las políticas de infancia" y "asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños".

Además, ha subrayado que uno de los logros a alcanzar es el "desarrollo del diálogo" y la "colaboración y participación" de todos los organismos públicos y privados relacionados con el bienestar de la infancia, así como la "promoción del asociacionismo" entre entidades en materia de protección infantil.

En esta línea, durante su intervención, Rey Varela ha señalado también la próxima constitución del Observatorio Galego da Familia e da Infancia, impulsado desde el Gobierno gallego y en el que "participarán todas las clases sociales".

ENTIDADES INTEGRANTES
La Plataforma de Infancia de Galicia está formada por las entidades Aclad Alborada, Fundación Aldaba, Aldeas Infantiles SOS Galicia, Fundación Amigó, Asociación Auso y matrato animal NO, Asociación Arela, Federación ASDE-Scouts, Federación Aspace, Fundación Ayuda en Acción, Cruz Vermella, Fundación Diagrama y Fundación Educo.

A ellas se suman la Escola de Tempo Libre Don Bosco, Federación Don Bosco, Instituto galego de xestión para o terceiro sector Igaxes, Federación Marca Compostela, Fundación Meniños, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Tierra de hombres, Centro Trama, Unicef e Asociación Viraventos.

PLATAFORMA DE INFANCIA DE ESPAÑA
A nivel estatal, la plataforma se trata de una asociación sin ánimo de lucro creada en 1997 con el fin de, en palabras de su presidente, Adolfo Lacuesta, "consolidar un espacio de coordinación" para "promover iniciativas en favor de la defensa, protección y promoción" de los derechos de los niños.

Actualmente la plataforma está integrada por 59 organizaciones, con la misión, tal y como ha señalado Lacuesta, de "proteger, promover y defender" los derechos conforme a la Convención sobre los derechos del niño, aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada un año más tarde por España.

Así, según su secretario general, los valores que defiende se basan en la "igualdad", la "promoción de la participación de la infancia" en las diferentes etapas de desarrollo, la "cooperación entre entidades sociales" para "juntar esfuerzos en el logro de los objetivos" y mantener un "compromiso profesional y ético" para garantizar la "transparencia" y "responsabilidad" en la administración de recursos.