Verín se personará como acusación en la 'Operación Enredadera'

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El Ayuntamiento de Verín (Ourense) ha anunciado este miércoles que se personará como acusación particular en la causa derivada de la 'Operación Enredadera', que afecta a diversos municipios del territorio nacional y que versa sobre supuestos amaños en contratos de gestión policial.



JimenezMorn

Jiménez Morán, senador, alcalde de Verín cuando se contrató a Bilbomática


El ayuntamiento ha tomado esta decisión en "defensa de los intereses de los vecinos" de Verín y con el objetivo de facilitar a los investigadores toda la documentación relativa al contrato adjudicado por este municipio a la empresa Bilbomática, implicada en el caso, que colocó los radares de esta localidad y que "reclama al consistorio más de 1,4 millones por haber paralizado su actividad en la villa".


CONTRATO DEL ANTERIOR GOBIERNO DEL PP

La colocación de "elementos de seguridad" como radares y la gestión de las importantes cantidades derivadas de las sanciones le fue adjudicada en Verín a la UT Bilbomática/Veicar Verín el 12 de noviembre de 2014. En aquel momento gobernaba la villa Jiménez Morán (PP), hoy senador por designación autonómica.


Desde su llegada al ayuntamiento, el nuevo gobierno local hizo lo posible para "no aplicar este contrato", al "no creer en la procedencia de una política recaudatoria para la mejora del tráfico" en la localidad. De hecho, llegó a preguntar al Consello Consultivo de Galicia la fórmula para anular este contrato.


"ELEVADA CANTIDAD"

La decisión de poner a disposición de la Fiscalía la documentación relativa a la contratación en 2014 de este servicio fue tomada por el gobierno local para "salvaguardar" el "interés general" de los vecinos, teniendo en cuenta "la elevada cantidad demandada por las empresas investigadas" al ayuntamiento y la posibilidad de que aquella forma de adjudicación "fuese nula".


A raíz de la paralización del contrato, la UTE presentó en 2017 una demanda de resolución de contrato contra el Ayuntamiento de Verín, reclamándole, por una parte 225.319 euros por los costes ya asumidos, más de 631.000 en concepto de beneficio dejado de obtener. Subsidiariamente, reclamaba otros 225.319 euros por la inversión y más de 378.000 por lucro cesante por incumplimiento de contrato.

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