La Plataforma en Defensa del Parque de Rosalía presentará un escrito al TSXG para reclamar el derribo de O Garañón

El abogado que representa a la Plataforma en Defensa de las Cuestas del Parque, Julio Pérez, ha anunciado que el colectivo va a presentar un "escrito" ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que "se ejecute forzosamente" la sentencia que obliga a la demolición de las Torres de O Garañón, urbanización a los pies del parque de Rosalía de Castro que fue paralizada judicialmente.

Este jueves, Julio Pérez ha argumentado que "al carecer de licencia el proyecto de urbanización y ordenación urbanística" el edificio debería ser demolido o "tendría que haber algún trámite" para su demolición. "No se ha incoado un expediente de reposición de la legalidad y sigue sin hacerse nada", ha añadido, para luego responsabilizar de esta situación a la alcaldesa, la socialista Lara Méndez (PSOE).

A su vez, por el proceso de construcción de esta urbanización están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 el exsecretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, por su etapa como concejal de urbanismo durante el mandato del exregidor, Xosé López Orozco, también investiagado junto a otras personas.

El abogado ourensano ha precisado que "la ley del suelo dice que es de inexcusable obligación adoptar las medidas de restauración de la legalidad" que, como ha apuntado, "se están incumpliendo".

De este modo, ha avanzado que se notificará al TSXG que "no se está haciendo nada" para ejecutar la sentencia. "Llevamos siete meses (desde la última resolución del alto tribunal para el derribo) y no han hecho nada, cuando debería de estar hecho el proyecto de demolición", ha aseverado el letrado.

"El expediente de reposición de legalidad está claro, cuando no existe licencia ni proyecto de urbanización y está anulada la ordenanza urbanística hay que demolerlo. Eso es ilegal", ha incidido.

PRESIÓN AL AYUNTAMIENTO
Así las cosas, Julio Pérez ha instado al Ayuntamiento de Lugo a que "encargue el proyecto de demolición, que inicien el expediente y que encarguen ese proyecto". "Para eso el ayuntamiento tiene un servicio de arquitectura", ha apostillado.

Además, ha puesto como ejemplo que "cuando los ayuntamientos ordenan a particulares demoler, le dan un mes para presentar un proyecto" de derribo y "luego llevarlo a cabo". "Nosotros llevamos siete meses esperando", apunta.

Finalmente, ha advertido que de no llevarse a cabo la demolición de las dos edificaciones, que permanecen en pie, se podría incurrir "en un delito de desobediencia a la autoridad judicial" al incumplirse la ejecución de sentencia.