El expediente podría suponer el cese o la suspensión de la jueza Pilar de Lara

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El Promotor de Acción Disiciplinaria ha abierto expediente disciplinario a Pilar de Lara en virtud de tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según han confirmado hoy fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial a Galiciapress, uno de los cuales podría suponer incluso la salida de la magistrada de la carrera judicial. Abogados se quejaron de los atrasos en las causas de corrupción y de la premura en instruír otras, como por ejemplo, sobre maltrato animal.



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"SUSPENSIÓN, TRASLADO O SEPARACIÓN"

Uno de esos tres artículos es el 471.9. De acuerdo a la LOPJ,  el artículo 471.9 castiga "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales". Esto es una falta cualificada como "muy grave".


La Ley establece que para las faltas muy graves -las máximas del escalafón de faltas- el castigo "suspensión, traslado forzoso o separación". La suspensión máxima es de tres años.


En definitiva, en el caso de que el órgano de gobierno de los jueces crea que la jueza lucense cometió esta falta muy grave, Pilar de Lara sería, en el mejor de los supuestos para la magistrada, separada temporalmente de su juzgado. Esta hipotética noticia tendría una importante repercusión en la vida política y económica gallega, especialmente en la lucense.


IMPACTO EN LA VIDA POLÍTICA GALLEGA

De Lara instruye varias de las más importantes causas contra la corrupción de la democracia gallega, como la Carioca, una rama de la Campeón, el caso Garañón o la Pokemon. Entre otros muchos destacados imputados por estas y otras causas, De Lara mantiene cargos sobre Jose Ramón Gómez Besteiro (ex-líder del PSdeG), Clemente López Orozco (ex-alcalde de Lugo), Gerardo Conde Roa (ex-alcalde de Santiago por el PP) y Lara Méndez (actual alcaldesa de Lugo). 


OTRA POSIBLE FALTA GRAVE Y UNA LEVE

Los otros dos artículos por los cuales se le abre expediente son el 418.11 y el 419.3. El primero castiga "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave" y figura en el apartado de faltas graves, castigadas con  multa de 501 a 6.000 euros . 


El 419.3 persigue el "incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado" y es una falta leve, castigada como máximo con una multa de 500 euros.


SIETE AÑOS EN EL LIMBO

Muchos de los investigados por De Lara se quejan, precisamente, de llevar años -en algunos casos más de siete años- arrastrando la condición de imputados por corrupción sin que De Lara haya concluído la instrucción de sus casos y, por lo tanto, sin sentar en el banquillo a los acusados. Políticos que en algunos casos, como Orozco o Besteiro, han visto liquidada su carrera.


Durante estos años, la jueza se ha enredado en múltiples actuaciones y conflictos juridiscionales. En varias ocasiones, sus superiores han desautorizado su forma de instruír, devolviéndole casos tanto la Audiencia Nacional como la Provincial.


Estos conflictos motivaron en parte una nueva inspección extraordinaria del CPGJ al Juzgado número 1 de Lugo esta primavera. Inspección que no era la primera, pero que finalmente ha motiva la primera apertura de un expediente sancionador a De Lara, que había superado con éxito otros exámenes ordinarios.


RETRASOS EN UNAS CAUSAS, PRISAS EN OTRAS

Durante dos semanas -más de los dos o tres días inicialmente previstos, el equipo de inspectores revisó las actuaciones del Juzgado y también escuchó a los letrados de los acusados, que presentaron numerosas quejas, algunas en el sentido de que De Lara tira de denuncias anónimas no directamente relacionadas con las causas y poco plausibles.


Según Confilegal, la jueza mandó a la Guardia Civil, por ejemplo, investigar los horarios de los conductores de Monbús, una de las empresas foco de la presunta corrupción, en el transporte escolar, pese a no ser esto el objeto del presunto delito. Tras el esfuerzo de los agentes, no se encontró irregularidades.


Los letrados se quejaron a CGPJ, según la citada publicación, de que este empeño en indagar denuncias anónimas contrasta con la rapidez con la que se tramitan causas sobre otras materias, en particular las relacionadas con maltrato animal. Como ejemplo citan un "excéntrico" auto por el que se le retiró la custodia de un perro que había sufrido una caída, medidas que el Fiscal cuestionó por entender que no están cubiertas por ninguna lei.


De Lara tiene ahora ocasión de alegar ante el Promotor de Acción Disiciplinaria, Ricardo Conde. Fuentes del CGPJ indicaron a Galiciapress  que el organismo no detalla en  público estos expedientes referidos a la  supervisión interna de los jueces.

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