Exedil alega que no sabía que las tres empresas que invitó a un concurso tenían relación con la misma familia

El interventor declara que "verbalmente" le trasladó que "el procedimiento no era el adecuado" y que "pondría reparos para su facturación"

El exconcejal de infraestructuras del BNG en Ourense, Andrés García Mata, acusado por la Fiscalía de Ourense de un delito de prevaricación continuada en la adjudicación de las obras de reforma de la calle Bedoya y la plaza Paz Nóvoa (Ourense) en el año 2008, ha declarado este miércoles que considera su comportamiento "honrado y honesto" y ha alegado haber actuado "en todo momento siguiendo las indicaciones del asesor jurídico".

El exedil ha respondido este miércoles a las preguntas de la acusación pública y de su letrado en el Juzgado Penal 1 de Ourense en la primera sesión de un juicio que se prevé que finalice mañana.

OPERACIÓN URBANÍSTICA
La Fiscalía de Ourense considera que la tramitación de los expedientes de adjudicación de las obras de reforma de los citados emplazamientos, situados en el centro de la ciudad, podrían haber incumplido la legalidad y solicita para García Mata una condena de ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público.

Para la adjudicación de las obras se llevó a cabo un procedimiento negociado y sin publicidad. "Fue precisamente el asesor jurídico quien me trasladó que ese procedimiento es el que se debía utilizar y los hechos posteriores demuestran que todo el expediente administrativo y la ejecución se siguieron de manera adecuada", ha alegado García Mata.

Además, el exconcejal ha negado ante la Fiscalía que el interventor le manifestase claramente su desacuerdo con el procedimiento escogido. "No es cierto. De hecho fue todo lo contrario", ha mantenido García Mata.

La acusación pública también ha cuestionado a García Mata por "la ausencia de trámites e informes esenciales" a lo que éste ha manifestado su "desconocimiento" dado que su función "no es comprobar si el expediente está bien conformado" y ha aducido no haber sido informado de "la ausencia del informe fiscalizador hasta noviembre de 2008". Sin embargo, "el procedimiento se aprobó en la Xunta de Gobierno del 4 de septiembre de 2008, sin ninguna alegación ni advertencia por parte del Oficial Mayor, ni del jurídico presente" y "tampoco impugnaciones posteriores".

Al día siguiente se invitó a tres empresas del sector, elegidas por el propio Mata para participar en cada proyecto, y el propio exedil ha sostenido ante la fiscal que se enteró "con posterioridad de que José Rodríguez Álvarez era el propietario de una de ellas, mientras que otra estaba participada por él y la última era de su hijo". A su vez ha dicho "desconocer que no se podía invitar a empresas participadas unas en otras".

"CELERIDAD" PARA NO PERDER SUBVENCIONES
Ante las preguntas de la acusación pública, el exconcejal nacionalista ha sostenido que durante el proceso seguido para la adjudicación de las obras fue necesaria una especial "celeridad" dado que contaban con una subvención por parte de la Xunta de Galicia, concedida en junio de 2008. "La orden de la Consellería de Economía, Emprego e Industria especificaba que el 40% de la construcción tenía que estar ejecutada y pagada a 31 de octubre de 2008", ha añadido.

Dados los hechos, y siempre según la versión de García Mata, a finales del mes de agosto de 2008 el exedil mantiene una "reunión de carácter informal" con el asesor jurídico e interventor, en la que también estuvieron presentes la Jefa de Negociado por aquel entonces y un asesor político. El objetivo de dicho encuentro era "valorar las posibilidades para ajustarse a la premura de los plazos", ha señalado, y es durante el mismo donde se toma la decisión de iniciar un procedimiento negociado y sin publicidad.

Por último, el acusado ha sostenido que "si tuviera la más mínima duda de que la obra no se ajustaba a la legalidad no hubiera seguido adelante con ella". También ha dicho estar "orgulloso de haber participado en el arreglo de las zonas" y que, desde su punto de vista, se hizo "cumpliendo la normativa".

OTROS TESTIGOS
La jefa de Negociado también ha intervenido como testigo en la primera sesión del juicio. En este caso, ha dicho "estar segura" de que durante la reunión celebrada a finales de agosto de 2008 "tanto el jurídico como el interventor le trasladaron a Mata que el procedimiento negociado sin publicidad no era el adecuado ni estaba contemplado en la ley".

El interventor durante su testificación también ha coincidido en señalar que "verbalmente" le dijo que "el procedimiento no era el adecuado" y que "pondría reparos para su facturación". La justificación de acudir a este procedimiento de urgencia era, según el interventor, "de oportunidad pero no legal". "Legalmente, el expediente no cumplía los requisitos necesarios, por aquel entonces, para el procedimiento negociado", ha añadido.

Por el contrario, el asesor político presente en la reunión antes mencionada ha testificado este miércoles que "durante el encuentro se le dio a García Mata la posibilidad de emplear dicha modalidad de carácter urgente".

Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana y quien interpuso la denuncia, ha intervenido en calidad de testigo. En concreto, ha aludido a "un chivatazo interno" como medio de enterarse de dicha "situación irregular que no cumplía la ley a la hora de contratar".

A su vez, ha sostenido que considera "no válida" la argumentación que alude a la pérdida de una subvención para la celeridad del proceso dado que, a su entender, "con esa excusa se puede esperar al último día en todas las subvenciones concedidas y actuar exactamente igual".

SEGUNDA SESIÓN
A falta de que todavía declaren siete testigos, el juicio continuará este jueves. El letrado de la defensa ha querido manifestar "su malestar profundo" al no haber comparecido en la primera sesión el asesor jurídico, a pesar de estar citado. Se espera su presencia en la segunda sesión.

Al exedil del BNG le atribuye la acusación haber llevado a cabo un procedimiento opaco para adjudicar los proyectos de reforma a dos empresas. El acusado, teniendo plena conciencia de que el procedimiento negociado y sin publicidad no podría aplicarse, antepuso su propia voluntad y ordenó redactar sendos pliegos de condiciones para la contratación de las obras, recoge el escrito de acusación, en el que se da cuenta de que durante ese proceso se habrían obviado trámites esenciales, como motivar la causa de urgencia del expediente, que fue aprobado en junta de gobierno el 4 de septiembre del 2008.

Al día siguiente se invitó a tres empresas del sector, elegidas por el propio Mata, según la fiscal, a participar en cada proyecto, obteniendo como resultado de su actuación limitar los principios de libre concurrencia y publicidad, tras haber eliminado los requisitos que la legislación establecía.