#Claves de la semana

El censo de un ayuntamiento incluye 30 muertos y empadronamientos en casas abandonadas, denuncia la oposición

La Unión de Cidadáns Independentes de Dozón (UCIN) ha denunciado en el juzgado de Lalín la existencia de medio centenar de "empadronamientos irregulares" que vincula al candidato del Partido Popular, Adolfo Campos.

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La mayoría de las empresas -y de los empleos- del ayuntamiento de Dozón están vinculados históricamente a la familia Campos

La Unión de Cidadáns Independentes de Dozón (UCIN) ha denunciado en el juzgado de Lalín la existencia de medio centenar de "empadronamientos irregulares" que vincula al candidato del Partido Popular, Adolfo Campos.



Adolfo campos dozon

Adolfo Campos, histórico alcalde de Dozón


Según ha informado la UCIN, durante su visita a diferentes núcleos del municipio para repartir propaganda electoral, los integrantes de la candidatura observaron "diversas viviendas en estado de semiabandono" o con "claras señales de estar deshabitadas" en las que, "según el censo, residían personas vinculadas a la candidatura del PP y a las empresas" del candidato popular.


Asimismo, ha explicado que, durante estos repartos, constataron "la presencia en el censo electoral de más de una treintena de personas fallecidas" y ha alertado también de "crecimientos anormales" en el censo en meses previos a esta y otras convocatorias electorales municipales.


DENUNCIA JUDICIAL

Precisamente, fuentes de la candidatura consultadas por Europa Press han explicado que trasladaron este asunto a la Junta Electoral de Pontevedra, órgano que les trasladó que "no le corresponde" investigar los hechos que puedan ser "constitutivos de delito" que deben ser denunciados ante el juzgado, la fiscalía o la autoridad policial. Por ello, la Unión de Cidadáns Independentes de Dozón llevó este asunto este mismo jueves al juzgado de Lalín.


La UCIN ha recordado que la existencia de esta red es una "protesta habitual" que realizaron en comicios previos diversos grupos políticos de la oposición de este municipio pontevedrés. Con todo, asegura que "las prácticas poco transparentes del gobierno municipal y la política del miedo instaurada por el alcalde obstaculizaron e impidieron la comprobación de la mayoría de estos casos".

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