Inspección de Trabajo detecta en lo que va de año en Galicia 3.770 contratos temporales "fraudulentos"

Grupo Común da Esquerda denuncia que la Xunta "se coloca de perfil" sin una "defensa activa en los puestos de trabajo" del telemarketing

Inspección de Trabajo ha detectado en lo que va de año en Galicia un total de 3.770 contratos temporales "fraudulentos", que han sido "transformados" en indefinidos tras su labor.

De ello ha informado en la comisión de Economía la secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, en respuesta a la diputada Julia Torregrosa (Grupo Común da Esquerda), quien ha denunciado las cifras "inaceptables" de temporalidad en Galicia, que achaca a un "enorme fraude" que "solo puede hacerse incumpliendo la norma".

En este sentido, Torregrosa advierte de que en la última década Galicia registra más de ocho millones de contratos, a pesar de que solo hay unos 800.000 trabajadores de media en la Comunidad. De hecho, en 2018 se alcanzó un "récord" con más de un millón de contratos realizados, de los que 984.000 son temporales.

Al respecto, Toca ha defendido que entre 2014 y 2018 los indefinidos en Galicia crecieron cinco años consecutivos. Además, en 2018 se realizaron 270 contratos indefinidos al día, con un incremento del "22 por ciento" respecto al ejercicio anterior.

SECTOR DEL TELEMARKETING
En otro orden de cosas, en esta comisión, la diputada Paula Quinteiro (Grupo Común da Esquerda) ha denunciado la situación de un millar de trabajos de subcontratas de R Cable que están "amenazados".

Recrimina que la Xunta "se coloca de perfil" sin una "defensa activa en los puestos de trabajo del sector" del telemarketing, afectado por una subcontratación y precariedad "extremas".

En respuesta, Covadonga Toca ha señalado que en agosto se reunieron con representantes de la plantilla, mientras la Xunta está "haciendo todo lo posible" en sus competencias.

En esta línea, resalta que en lo que va de año se han reunido una decena de veces con el sector del telemarketing, si bien recuerda que son trabajadores afectados por un convenio de ámbito estatal, por lo que requiere al Estado una "mayor inspección".