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La Audiencia de A Coruña confirma la inhabilitación del alcalde de Cerceda a ocho años por prevaricación

También ratifica la condena del arquitecto municipal tras desestimar el recurso de apelación que interpusieron

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El alcalde de Cerceda, José Luis García Liñares

También ratifica la condena del arquitecto municipal tras desestimar el recurso de apelación que interpusieron

La sección primera de la Audiencia coruñesa ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de Cerceda (A Coruña), José Luis García Liñares, y el arquitecto técnico, Antonio José Varela Mallo, contra la resolución del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña que los condenó por "irregularidades" en la contratación de las obras del jardín botánico.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Audiencia confirma íntegramente la sentencia dictada en julio de 2019 en la que el regidor municipal fue condenado a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa.

El arquitecto, por su parte, fue condenado como cooperador necesario con cuatro años de inhabilitación, además de con nueve meses de suspensión del cargo por cometer de un delito de falsedad. Contra la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña no cabe la presentación de recurso ordinario.

En su fallo, el tribunal destaca que el juez de primera instancia ha fundamentado su sentencia "en la valoración de las pruebas practicadas en el juicio, con todas las garantías de inmediación, contradicción y oralidad", al tiempo que advierte que los apelantes pretenden "sustituir el criterio judicial, objetivo e imparcial, por el suyo propio, legítimo, pero subjetivo e interesado en la idea de la absolución".

"No se habrá demostrado que la tramitación del expediente merezca sanción penal, pero de ahí a elevarlo a la categoría de lo correcto, media un trecho que la prueba no avala", subrayan los magistrados en la sentencia.

ARGUMENTOS
En ella, indican también que la obra "empezó al menos el 31 de marzo de 2015 por una contratación verbal, sin que el expediente administrativo hubiese alcanzado la fase de adjudicación". Por ello, concluyen que es "delito de prevaricación".

Los jueces recalcan que es "inimaginable" que la empresa realizase esos trabajos "por su cuenta y riesgo, sin encomienda directa del alcalde y sin la cooperación directa del arquitecto municipal".

El examen de las fotografías aportadas por el denunciante, según la Audiencia, "lleva a apreciaciones en línea con las la instancia: las obras de autos no se corresponden con un drenaje menor junto a un camino".

Así, los jueces sostienen que son "amplios movimientos circulares de tierras, a un nivel superficial, lo que se cohonesta con la naturaleza de lo que se pretendía construir: dos lagunas superficiales".

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