La Xunta impide a la prensa hablar con los sindicatos en la sede de la Administración Gallega

Jamás los medios de comunicación habían tenido problemas para hablar con cualquiera que acudiese a San Caetano, sede central del Gobierno de todos los gallegos. Hoy alguien ha mandado a un agente de la Policía Nacional, adscrito a la Xunta, para impedir que se filmara la entrega de una carta reivindicativa de los sindicatos de educación en el Registro. Es más, el policía prohibió incluso que los informadores tomasen declaraciones de los sindicalistas dentro del recinto público, enarbolando la Ley de Protección de Datos.

Galiciapress contactó con la Secretaría Xeral de Medios para relatar su versión de los hechos.  Fuentes oficiales de la Vicepresidencia, responsable de la Policía autonómica, respondieron que "no se puede -ni ahora ni nunca- tomar imágenes dentro del Complejo Administrativo de San Caetano sin previa autorización". Lo cual es falso, como cualquiera puede comprobar, por ejemplo, en la web de la CRTVG, donde hay cientos de declaraciones de representantes sindicales y de todo tipo tomadas dentro del edificio administrativo, normalmente después de reuniones, sin que nadie exigiese antes la solicitud de ningún permiso.

VERSIÓN DE LA XUNTA

"Lo que pasó hoy y que los reporteros gráficos se acercaron al Registro sin haber pedido autorización previa y por eso no le dejaron grabar dentro. La Xunta facilita siempre el trabajo de los reporteros gráficos", explica el Gobierno. Su argumentación es que "en un edificio público donde está personal trabajando no se puede entrar a grabar sin comunicación ni autorización previa. El procedimiento está establecido para garantizar la intimidad de los trabajadores y recabar su conformidad previa para evitar quejas".

Vicepresidencia enarbora que la prohibición se debe a quejas de los trabajadores públicos: "para poder grabar en el Registro es preciso contar con autorización previa debido a las quejas de los trabajadores que no quieren salir en las imágenes y para garantizar su intimidad. Si en alguna ocasión se han hecho grabaciones en el Registro sin autorización previa reálizaronse sin que se tuviera constancia y conocimiento".

La entrega de un escrito en la sede del Gobierno gallego en Santiago, por parte de varios portavoces sindicales, se ha saldado con polémica tras la intervención de un agente de la Policía Nacional que impidió la grabación y la realización de las declaraciones de los representantes de profesorado en el recinto de San Caetano.

LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LOS SINDICATOS
Los portavoces de estas organizaciones, en concreto CIG-Ensino, FeSP-UGT, ANPE, CC.OO Ensino, STEG y CSIF, han acudido a las 11.00 horas de este miércoles al Rexistro Xeral de la Xunta para entregar una carta dirigida al presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de intentar desbloquear la negociación sobre la recuperación de los derechos y condiciones del profesorado recortados durante la crisis económica.

NUNCA SE PROHIBIÓ A LOS SINDICATOS HACER DECLARACIONES EN SAN CAETANO
En el momento en el que se iban a realizar las declaraciones, un agente de la Policía Nacional se acercó a la comitiva de medios y sindicalistas para advertirles de que no podían hacerlo por estar en el interior del recinto de San Caetano y mucho menos tomar imágenes con las cámaras, aludiendo a la Ley de Protección de Datos.

Esta situación generó una discusión entre el agente, los medios allí presentes y los representantes sindicales, puesto que este tipo de actos se llevan realizando durante años con total normalidad tanto en el propio recinto como en el interior del edificio administrativo de la Xunta por parte de representantes sindicalistas, otro tipo de asociaciones e incluso con miembros del Gobierno gallego.

Tanto los medios como los sindicalistas se han visto obligados a abandonar el recinto para poder realizar el acto previsto, que se celebró a unos metros de las verjas de San Caetano.

"CENSURA POLÍTICA"
El incidente se produce, además, unos dos días después de que Núñez Feijóo anunciase su decisión de adelantar las elecciones para hacer coincidir la fecha de los comicios con el proceso en País Vasco, al próximo 5 de abril, y un día después de anunciar que optará a la reelección.

En declaraciones a los medios junto al resto de portavoces sindicales, el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, ha tachado el incidente de "un caso insólito de censura política" y que "evidencia un exceso de celo por parte de la Policía y un exceso de nerviosismo por parte del Gobierno de la Xunta".

"Es la primera vez que ocurre, creo, que a sindicatos de cualquier rama profesional, en este caso de la enseñanza pública, se nos impida que seamos grabados y a vosotros como medios que podáis ejercer libremente vuestro derecho a informar dentro de las dependencias de la Xunta", ha insistido.

El caso saltó a las redes sociales poco después, por parte de los representes sindicales presentes en ese momento. ANPE Galicia criticó que, en respuesta a una interpelación a negociar, el resultado sea "oídos sordos y la expulsión de los medios de comunicación que cubrían el acto" y FeSP UGT también censuró el impedimento a hacer grabaciones en el propio recinto.

Asimismo, la CIG ha avanzado que dirigirá una queja formal a la Xunta "por esta grave decisión de censurar la libertad de información", cuando "a todas horas se producen actos y comparecencias del propio gobierno y de todo tipo de asociaciones y entidades, dentro del mismo recinto".

PETICIÓN DE NEGOCIACIÓN
Las organizaciones docentes registraron un escrito para dirigirse "directamente" a Núñez Feijóo como máximo responsable de la Xunta y dando por "descartada" la posibilidad de interlocución con la Consellería de Educación para intentar desbloquear la negociación sobre la recuperación de los derechos de los profesores anteriores a los recortes y a la crisis económica.

Entre estas peticiones se encuentra la reducción del horario lectivo, una medida que ya se ha negociado con acuerdo en otras siete comunidades autónomas. "No nos queda otra solución como sindicatos que dirigirnos al máximo responsable de la Xunta", han insistido, apelando al Gobierno a "rectificar", como ha hecho en el caso del paritorio de Verín o la mina de Touro.