#Claves de la semana

Baltar montó un concurso de 69 puestos de trabajo ilegalmente, ratifica la Justicia

El Supremo ya había tumbado el recurso del ente provincial y ahora el Alto Tribunal gallego ratifica su sentencia

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De no ejecutar la sentencia el presidente de la Deputación de Ourense cometerá un delito penal, advierte el sindicato victorioso en la denuncia por la vía administrativa, la CIG


La justicia ha tumbado el recurso presentado por la Diputación de Ourense para que no tuviera que ejecutar la sentencia que anuló un concurso interno. A través de ese proceso, la administración que dirige Manuel Baltar  organizó el reparto de 69 puestos de trabajo.


Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense.

El presidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar (PP)


Con esta resolución de la Sala de Casación del TSXG , el gobierno provinciaagota la vía de recursos. Además,  el Tribunal Supremo ya había decretado en abril la inadmisión de otro recurso presentado contra la sentencia del TSXG, que en su día ratificó la anulación en primera instancia del concurso por violar los principios de igualdad y no discriminación.


CONVOCATORIA NULA A TODOS LOS EFECTOS

En un auto con fecha del 30 de abril, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Ourense señala que en la sentencia de 2017 "se declabara la nulidad de la convocatoria y de las bases, por lo que, a todos los efectos, es como no hubiese existido".

"Por lo tanto no puede conservarse ningún acto, desarollando en virtud de unas bases y una convocatoria inexistente ni, desde luego, los nombramientos hechos al amparo de las mismas"
, señala el magistrado.


VICTORIA PARA LA CIG

Así las cosas, el sindicato demandante, la CIG, señala en un comunicado que, con esta decisión judicial por parte del juzgado que dictó la primera sentencia, la Diputación de Ourense "está obligada" a aplicar lo dispuesto por la justicia y, por lo tanto, anular los nombramientos de esta relación de puestos de trabajo.

De no hacerlo, continúa la central nacionalista, el asunto "traspasaría los límites" de la vía contencioso administrativa y el gobierno provincial de Manuel Baltar "podría estar incurriendo en un delito de prevaricación".

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