#Claves de la semana

Libertad para los dos procesados por el alijo del Titán III que quedaban en prisión preventiva, tras aplazarse el juicio

Los dos únicos encausados por el alijo de más de 1.700 kilos de cocaína localizados en el remolcador Titán III que aún permanecían en prisión preventiva han sido puestos en libertad en las últimas horas, toda vez que la vista por estos hechos, por los que serán juzgados una veintena de acusados, ha quedado nuevamente aplazada.

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Los dos únicos encausados por el alijo de más de 1.700 kilos de cocaína localizados en el remolcador Titán III que aún permanecían en prisión preventiva han sido puestos en libertad en las últimas horas, toda vez que la vista por estos hechos, por los que serán juzgados una veintena de acusados, ha quedado nuevamente aplazada.

Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, los procesados Mario O.D. y Pedro R.G. (dueño del Titán III), que eran los únicos que permanecían privados de libertad por esta causa, han sido excarcelados este lunes, justo el día en el que la Fiscalía solicitó su puesta en libertad, una vez que se confirmó un nuevo aplazamiento del juicio contra ellos y contra el resto de acusados.

La Audiencia Provincial de Pontevedra tenía previsto iniciar este lunes la vista contra una veintena de acusados por este alijo (otro de los investigados, que usaba una identidad falsa, está en paradero desconocido), pero la baja médica de una letrada defensora ha obligado a posponer la vista hasta los días 20 y 21 de julio (cuestiones previas) y del 20 de septiembre al 1 de octubre.

De hecho, el juicio ya estaba previsto para el pasado mes de febrero, pero fue suspendido también por la ausencia de una abogada. Además, queda pendiente de fijar la fecha de juicio contra dos de los encausados, cuya abogada también está de baja y la Fiscalía ha aceptado que sean juzgados por separado.

En la sesión de este lunes, el Fiscal solicitó la puesta en libertad para los dos únicos acusados que permanecían en prisión, dado que la suspensión del juicio se produjo por motivos ajenos al ámbito procesal, y que los encausados llevan en prisión desde agosto de 2018.

El representante del ministerio público también pidió que se les retire el pasaporte y se les prohíba abandonar el país, y que tengan que comparecer ante un juzgado semanalmente.

INVESTIGACIÓN Y PETICIÓN DE CONDENAS
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados estaban organizados para "participar lucrativamente en la importación de un cargamento de cocaína" llegado a España por vía marítima y, aunque inicialmente hubo indicios de la participación de Manuel Charlín y uno de sus hijos en la operación, finalmente se archivaron las actuaciones con respecto a ellos. Así, de las 30 personas inicialmente investigadas, la instrucción acabó centrándose en 21 sospechosos.

Según mantiene la Fiscalía, a finales de 2016 tres de los acusados planificaron la introducción del cargamento de cocaína, y contaron con la colaboración del resto para la adquisición del remolcador, la preparación del viaje, contactar con proveedores, etc.

El 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el abordaje del remolcador 'Titan Tercero', con lo que fueron detenidos sus cuatro tripulantes. En su interior se halló un cargamento que superaba las 1,7 toneladas de cocaína, con una riqueza media del 84,8 %, y un valor en el mercado ilícito de al menos 59,2 millones de euros.

Un segundo barco, el pesquero 'Sempre Cacharelos', que se encontraba a 110 millas del punto de encuentro "concertado para el trasvase de la droga que debía recibir" del remolcador, fue interceptado al día siguiente "faenando para dar una mínima cobertura a su singladura". Además, en las siguientes horas fueron detenidos el resto de personas investigadas por estos hechos.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita 9 años de prisión para cuatro de los seis coordinadores del operativo y 200 millones de euros en multas, y para los otros dos pide 12 años de prisión y 340 millones de euros en multas. Para el resto de los procesados solicita penas entre 10 y 13 años y medio de prisión, y multas de entre 200 y 340 millones de euros.

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