El colegio pontevedrés Salvador Moreno pasará a llamarse Juan Sebastián Elcano

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El Ministerio de Defensa, tal y como recoge su Boletín Oficial, ha ordenado el cambio de nombre del colegio pontevedrés Salvador Moreno por Juan Sebastián Elcano, con el objetivo de cumplir con la Ley de Memoria Histórica.

Con esta decisión, Defensa cumple la reclamación de varios colectivos, que habían solicitado la retirada del nombre de este militar franquista que participó en el golpe de estado de 1936 y en la posterior dictadura.

Uno de estos colectivos, el sindicato CIG-Ensino, ha demandado este viernes que se den también "pasos adelante" en las otras reclamaciones trasladadas tanto al Ministerio de Defensa como a otras administraciones.

Entre ellas está "la modificación de los principios que figuran en la web del colegio" y que son, para la CIG, "impropios de un centro público" ("El proyecto educativo del colegio se inspira en una concepción cristiana del hombre y de la vida", por ejemplo) o la colocación de la bandera gallega en el edificio.

A mayores, CIG Ensino cree que "el paso principal que se debe dar es la transferencia de este centro a la Xunta de Galicia", siguiendo el camino del traspaso de los centros vinculados al ISM en el año 2007 u otros centros vinculados también al Ministerio de Defensa en la comarca de Ferrolterra, como el CEIP Isaac Peral o el CEIP Virxe do Mar.

El sindicato pondrá en marcha en los próximos días una campaña para instar a las diferentes administraciones públicas a "eliminar de los nombres de los centros escolares las referencias a personas con un pasado fascista". En este sentido, el sindicato se va a dirigir a la Xunta de Galicia, a la Diputación de A Coruña, al Ministerio de Educación y a diferentes ayuntamientos con colegios con nombres franquistas o con distinciones honoríficas para que "se cumpla estrictamente" la Ley de Memoria Histórica.

El sindicato también se va a dirigir al grupos parlamentarios para que se haga una revisión del grado de cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada el 26 de marzo de 2008 en la que se instaba a la Xunta a "eliminar de todos los edificios públicos dependientes de su administración toda la simbología fascista y a promover la supresión de los nombres de estos edificios que hacen referencia a figuras representantes o partidarios de la Dictadura franquista".

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