¿Son válidos los avales de los políticos catalanes? El Tribunal de Cuentas ve indicios de ilegalidad

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Las administraciones perjudicadas por la labor de estos cargos no pueden avalar las posibles multas que, en su caso, les imponga el Tribunal de Cuentas, argumentan los contrarios a estas garantías. El asunto, uno de los puntos calientes del conflicto catalán, se enmaraña judicialmente.



El coordinador de defensa de los exconsejeros del PDeCAT y exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, a su llegada al Tribunal de Cuentas, a 30 de junio de 2021, en Madrid, (España). El Tribunal de Cuentas continúa la vista que inició ayer para escuchar a

El coordinador de defensa de los exconsejeros del PDeCAT y exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, a su llegada al Tribunal de Cuentas, a 30 de junio de 2021, en Madrid / EP


La instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya por su responsabilidad contable en los gastos de las delegaciones del Govern en el exterior aprecia indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman, y que han sido asegurados con dinero del Institut Català de Finances (ICF).


Según han informado fuentes del órgano contable, ante las dudas "sobre suficiencia y legalidad" que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF se ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.


Concretamente, se pregunta a los servicios jurídicos del Estado si estos avales pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, ya que se asumen por la propia Administración Autonómica perjudicada.


Añade el Tribunal de Cuentas que, una vez terminado el plazo dado por el tribunal, y que cumplió a las 00.00 horas de este martes, se emitirá providencia de embargo a dos presuntos responsables que no han afianzado, y cuyas identidades no se han facilitado por el momento.


LOS ABOGADOS PREPARAN RECURSO


Entre estos dos afectados no se encuentran lex mandatarios, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Junqueras, así como otros ex cargos vinculados a ERC, ya que todos se acogieron al fondo público. Ante una posible negativa del órgano contable a aceptar el dinero público de este fondo para cubrir las fianzas, algunos letrados ya preparan recurso.


Las fianzas pudieron formalizarse, en su mayoría, tan sólo un día después de que concluyera último plazo dado por la instructora del expediente, que finalizaba a las 00.00 horas de este martes.


De este modo, la instructora ya analiza todos los documentos presentados y, tras conocer el criterio de la Abogacía del Estado, emitirá en los próximos días una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos.


"Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", explicaron fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros --una decisión que había descartado el martes--.


Al menos cuatro de los encausados habían presentado el jueves avales por su cuenta --dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles--, pues la cantidad por la que avala el ICF no alcanza los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal pero se acerca.


Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.


Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, o ésta no se acepta, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.



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