El Tribunal Administrativo de Contratación Pública deberá evaluar la legalidad del concurso de dos EDAR de Ribeira

El Tribunal de Administrativo de Contratación Pública de Galicia detiene cautelarmente la adjudicación mientras revisa los contratos para la explotación de las depuradoras de Couso y Corrubedo.

El alcalde de Ribeira Manuel Ruíz Rivas del PP en una foto del archivo de la Xunta 

El Concello de Ribeira adjudicó en el pleno del pasado 28 de junio, el contrato de servicios de operación y mantenimiento para los sistemas de saneamiento en alta y depuración asociados a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Couso y a la EDAR de Corrubedo a la empresa FACSA, por un importe 300.000 € anuales menor que el precio calculado en el pliego de condiciones de este concurso público.

El adjudicatario, se comprometía a asumir la gestión de las EDARs durante un período de tres años, con la opción de poder prorrogar el contrato por un año más.

En enero de 2020, el pleno había aprobado la cesión de la explotación de la EDAR de Couso por parte de Augas de Galicia al Concello de Ribeira (desde entonces gestionada de manera transitoria por FCC). A mediados de diciembre de 2020, el Concello de Ribeira sacó a licitación, de manera conjunta y por un periodo de tres años prorrogable por otro año más, el contrato de servicios de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento en alta y depuración asociados a las EDAR de Couso y Corrubedo por un importe anual de 1.421.845 euros.

Previamente, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regirán el contrato habían sido sometidas a la aprobación del pleno. Sin embargo, esta adjudicación estaría suspendida dado que el pasado 20 de julio se registró un recurso ante el Tribunal de Administrativo de Contratación Pública de Galicia en relación al incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos al Jefe de Servicio que debían proponer los licitadores, así como por distintos defectos de forma en la propuesta técnica, que habría permitido incluir más información de la que permitía el pliego aprobado por el propio Concello, tanto de Facsa, como de Aqualia, que habría quedado en segundo lugar, de las cinco que concurrieron al concurso y que supuso la exclusión de ambas empresas en esta licitación.

Anteriormente, en el Pleno el pleno del 31 de mayo, no salió adelante la propuesta de adjudicación al contar solo con los votos favorables del PP (8 ediles), pero los votos en contra de PBBI (7 ediles) y BNG (2 ediles), y la abstención del PSOE (3 ediles) y Suma Ribeira (1 edil).

Los ediles debían pronunciarse sobre el dictamen de la mesa de contratación, que proponía adjudicar el servicio a la empresa Sociedad Fomento Agrícola Castellonense. La firma mejor valorada ofrecía un descuento de 300.00 euros anuales, ya que deja los 4,2 millones del precio de salida en 3,3 para todo el trienio.

Sin embargo, y pese a que todos los grupos incidieron en que la rebaja repercutiese en el recibo de saneamiento que abonan los ciudadanos, el punto fue rechazado. PBBI y BNG votaron en contra argumentando que se decantan por una gestión pública de la prestación. Por su parte, PSOE y Suma se abstuvieron. En el caso de esta última formación, explicó que para no obstruir un proceso administrativo ya en marcha.

Al estar el PP con ocho ediles por la dimisión de Ana Ruiz, las abstenciones fueron insuficientes para aprobar la adjudicación. El alcalde, Manuel Ruiz, no ocultó su malestar por lo sucedido. Afirmó que estudiará con los servicios jurídicos municipales si PBBI y BNG tienen responsabilidad al votar en contra y calificó lo sucedido de irresponsabilidad y avanzó que el asunto volverá a pleno.

UN PROCESO QUE EL TRIBUNAL AUTONÓMICO TENDRÁ QUE REVISAR

En el concurso (cuyo plazo de presentación de ofertas concluyó a mediados de enero de 2020 y donde se habían presentado 5 empresas), el Concello exigía al adjudicatario redactar, antes de iniciar las actividades de explotación y en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato, un plan de explotación del sistema de saneamiento, que deberá ser aprobado por el Concello.

El proceso comenzó a mediados en diciembre del 2020 con el fin de proceder a la firma de un contrato administrativo de servicios. El contrato incluye los trabajos de operación, mantenimiento preventivo, predictivo y colectivo. La empresa que resulte finalmente concesionaria también deberá ocuparse de la conservación integral de los equipos o elementos de la infraestructura existente y de las modificaciones que se produzcan por cambios o ampliaciones que se incorporen durante la vigencia del acuerdo que puede alargarse máximo hasta los 4 años.

Desde el Concello de Ribeira indicaron que antes de iniciar las actividades de explotación, el adjudicatario deberá redactar un plan de explotación del sistema de saneamiento y que deberá contener, al menos, los siguientes aspectos: manual de operación del sistema, programa general de mantenimiento, plan de gestión del almacén de repuestos, así como de vigilancia ambiental, de prevención de riesgos laborales, emergencias y evacuación, recursos humanos y gestión de la información.

Si la contratación no sale adelante, la propia empresa adjudicataria ya ha adelantado que presentará una reclamación ante el Concello mientras el Tribunal de Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha paralizado cautelarmente la adjudicación mientras dirime sobre el recurso presentado en relación al incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos al Jefe de Servicio que debían proponer los licitadores.