El PP rechaza retirar ayudas a entidades financieras por abrir cajeros en zonas en las que se cierren oficinas

El Partido Popular de Galicia ha rechazado este martes las peticiones de la oposición para que la Xunta deje sin efecto las ayudas a entidades financieras por la apertura de cajeros en zonas en las que se producen cierres de oficinas al asegurar que el Gobierno gallego está preocupado por "mejorar la accesibilidad de la población a los servicios bancarios".

El pleno de la Cámara gallega ha acogido este martes el debate acumulado de sendas iniciativas del BNG y del PSdeG, unas proposiciones no de ley que no han salido adelante al contar con el voto en contra del grupo mayoritario.

La primera de ellas ha sido defendida por el diputado del PSdeG Juan Carlos Francisco Rivera, quien ha censurado el cierre continuo de oficinas bancarias tanto en pequeños municipios como en zonas urbanas. "Deben de ser los poderes públicos los quienes garanticen al conjunto de la ciudadanía la prestación de los servicios básicos, independientemente del lugar en el que residan. En eso se fundamenta la cohesión social, esa que la Xunta dice defender", ha afirmado.

De este modo, ha presentado una batería de medidas a través de la que ha propuesto instar a la Xunta a dirigirse a Abanca para que "proceda a la paralización inmediata del cierre de oficinas bancarias anunciado en los últimos meses, especialmente en los municipios en los que esta entidad es la única oficina bancaria". Además, ha pedido que se le reclame la reapertura de las oficinas cerradas a lo largo de 2021.

La iniciativa, que incluía cuestiones como la elaboración de una carta de servicios básicos que garantice el derecho de todos los gallegos a no ser excluidos en la prestación de servicios básicos de carácter financiero, también proponía dirigirse al Estado para que promueva un marco normativo que garantice el derecho de toda la ciudadanía a no ser excluida en el ámbito financiero en su territorio.

El diputado socialista aceptó una enmienda de adicción formulada por los nacionalistas, a través de la que reclamaba que el Ejecutivo autonómico tomase las medidas necesarias para "dejar sin efecto el impulso de cualquier medida que tenga por objeto inyectar recursos públicos a entidades bancarias para sufragar servicios que estas mismas entidades cierran sin justificación económica".

Precisamente, esta petición configura el primer punto de la proposición no de ley defendida en la sesión por la nacionalista Noa Presas, quien ha asegurado que "a veces es peor el remedio que la enfermedad" y que hubiese sido "mejor" que el "Partido Popular estuviese quieto" en lugar de poner en marcha estas ayudas.

La parlamentaria del BNG ha criticado que se pongan en marcha ayudas para financiar a las entidades financieras por la apertura de los cajeros que ellas mismas cierran. "Esto se explica por los abrazos y las dadas de mano del presidente de la Xunta, su gran amistad con Escotet, al que prácticamente no queda nada que regalarle en este país", ha sostenido tras citar "una universidad privada" y "un chiringuito para mangonear en los fondos europeos".

"Inyectar fondos públicos a las entidades que están cerrando oficinas y cajeros pera que pongan cajeros allí donde cierran. No es que meen por nosotros, es que ustedes le pagan para que meen por nosotros", ha sostenido Presas Bergantiños, que ha advertido también del "efecto llamada" que provocó esta medida. "Se aceleraron los cierres", ha dicho.

Los nacionalistas gallegos han reclamado que en vez de convertir el "remedio en enfermedad", negocien con todas las instituciones, organizaciones sindicales y de consumidores para demandar de la banca el mantenimiento de las oficinas y del empleo.

RECHAZO DE LOS POPULARES
Las peticiones de la oposición no han salido adelante al contar con el voto en contra del Grupo Popular, cuya diputada Sandra Vázquez ha reclamado al Gobierno de España que ponga en marcha un plan estatal contra la exclusión financiera, con medidas como una normativa que regule la prestación universal de servicios financieros básicos y esenciales a todos los usuarios, con independencia del lugar en el que residan.

"Pedimos responsabilidad social, porque es indignarte que las entidades financieras tomen decisiones unilaterales como el cierre de oficinas", ha sostenido la diputada del PP, que ha recordado que el año pasado se cerraron en España más de 1.600 oficinas bancarias y que Galicia "se encuentra en la media" del Estado.

Tras incidir en que se trata de un problema "general", ha asegurado que la solución camina por una "acción conjunta" liderada por el Gobierno de España, con la "imperiosa necesidad de que se elabore un estudio completo y detallado que analice la situación del mercado financiero para elaborar una estrategia con medidas que facilite y garantice el acceso de la población a los servicios financieros".

Sandra Vázquez ha recordado que la Xunta firmó con la Fegamp un convenio para dar solución a 55.000 gallegos que residen en municipios sin oficinas bancarias, anticipándose a un problema "que se veía venir como consecuencia de la estructura financiera que se vive en Europa y las dificultades alegadas por el sector bancario en relación con la presencialidad de las oficinas".

Conforme ha indicado, a través de este convenio, la Administración autonómica pone a disposición de aquellos ayuntamientos perjudicados por dichos cierres que se adhieran a la posibilidad de contar con un cajero automático, presencia física de personal para dar asesoramiento y oferta de formación financiera y banca digital. Un acuerdo al que, según ha indicado, se han sumado 38 localidades.